Los cinco helicópteros rusos de transporte levantaban mucho polvo cuando, el 15 de junio de 1997, depositaban en Cartagena de Chairá su valiosa carga: 70 soldados de las fuerzas armadas gubernamentales, apresados por la guerrilla tras haber perdido un combate, nueve meses y medio antes. Con el espectacular aterrizaje en la selva comenzaba su libertad y finalizaba, asimismo, un trágico episodio de guerra, que había humillado a los altos mandos militares y había tenido a todo el país en ascuas. Tanto mayor fue la alegría cuando los 70 soldados, dados por desaparecidos, pudieron finalmente abrazar a la respectiva madre y toda Colombia pudo abrigar, durante algunos instantes, le dulce ilusión de una paz cercana. En presencia de observadores internacionales y de incontables periodistas, los jefes de la guerrilla concluyeron con un patético festejo la entrega de los soldados al CICR. Luego, éstos volvieron a subir a los helicópteros.

Tras finalizar, el 3 de mayo de 1996, en Ginebra la primera Conferencia de Examen de la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales (CAC), el sentimiento de decepción era general, debido a que los Estados Partes no consiguieron alcanzar un consenso por lo que respecta a la adopción de eficaces medidas para combatir la plaga mundial de las minas terrestres. Las modificaciones introducidas en el Protocolo II de la CAC, el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II enmendado), fueron acogidas con gran satisfacción, pero no bastaban para prohibir totalmente estas armas; esta iniciativa fue respaldada entonces por más de 40 Estados. Deseosa de potenciar este impulso internacional, cuyo ritmo se habría enlentecido sin su apoyo, la delegación canadiense anunció que Canadá organizaría, a finales del año, una reunión de todos los Estados partidarios de la prohibición, con objeto de trazar una estrategia para orientar a la comunidad internacional hacia la proscripción mundial de las minas antipersonal.

Los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas no han cesado de proliferar, dando lugar a numerosas decisiones y voluminosos informes. En el presente artículo, se reseña cómo tales mecanismos se utilizan para aplicar el derecho internacional humanitario, entre otros el derecho de Ginebra y el derecho de La Haya. Para ello, se hace resaltar principalmente la práctica de los relatores designados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a fin de investigar la situación de los derechos humanos en determinados países, así como la de los relatores y grupos de trabajo temáticos, a los que la Comisión ha encargado vigilar tipos específicos de violaciones graves de los derechos humanos dondequiera que se perpetren, en particular la experiencia del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la del representante del secretario general encargado de la cuestión de las personas internamente desplazadas, cuyo cometido es, a menudo, examinar los abusos cometidos en el contexto de los conflictos armados. Se hace referencia, asimismo, a dos innovadores mecanismos que funcionaron en El Salvador, a saber: la primera «comisión de la verdad», patrocinada por las Naciones Unidas, y el primer órgano de vigilancia de derechos humanos instituido como parte de un dispositivo global para supervisar la aplicación de un acuerdo de paz, auspiciado por las Naciones Unidas. Se mencionan igualmente algunas observaciones formuladas por los órganos de vigilancia de los tratados.

Con la multiplicación de las crisis se ha incrementado la ayuda humanitaria para atender las necesidades fisiológicas fundamentales de las víctimas: alimentación, agua, asistencia médica y cobijo. Las instituciones humanitarias pueden subvenir directamente a estas necesidades o prestar apoyo a los servicios locales para que éstos puedan asumir las tareas que normalmente les corresponden. La mayor parte de las veces, ambas formas de proceder están imbricadas.

Recientemente se ha puesto de manifiesto un sentimiento general de que las normas del derecho international humanitario relacionadas con la protección civil se han desatendido desde 1977 y que, transcurridos veinte años, ha llegado el momento de evaluar si estas disposiciones son suficientemente realistas y si conservan su validez. El propósito de las normas de la protección civil es claro, a saber, «atenuar las pérdidas, los daños y el sufrimiento que engendra en la población civil la dramética evolución de los metodos y médios de guerra». Pero, si la finalidad primaria de estas normas puede formularse en términos bastante sencillos, los medios para alcanzarla son naturalmente muchísimo más complejos, e incluso cada vez más, a causa de los crecientes efectos destructives de los métodos de guerra y de la naturaleza cambiante de los conflictos, lo que hace que aumente la proporción de civiles que mueren en ellos.Se ha reconocido, además, que las normas que rigen la protectión civil serían letra muerta si no se dieran a conocer a los destinatarios. Así pues, dado lo poco que se conocen esas normas, es necesario hacer un esfuerzo para difundirlas.

El 30 de octubre de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Comisión) aprobó su informe del llamado caso La Tablada. El caso se refiere a un ataque que 42 personas armadas realizaron contra un cuartel militar. Hubo un combate de aproximadamente 30 horas; resultaron muertos 29 de los atacantes y varios agentes del Estado. Los atacantes que sobrevivieron presentaron una denuncia a la Comisión, en la que alegan que los agentes del Estado violaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, Convención Americana) y varias normas de derecho internacional humanitario. En su informe, la Comisión examinó detalladamente su competencia para aplicar directamente el derecho internacional humanitario y respondió afirmativamente a esta cuestión

El CICR sigue su político, traditional de abordar confidencialmente a las partes en un conflicto, si considera necesario llamar su atención por lo que respecta a violaciones del derecho internacional humanitario o a otras situaciones inaceptables desde el punto de vista humanitario, así como de solicitor a los responsables que cambien el curso de los acontecimientos. Sin embargo, el CICR siempre mantiene la opcién de hacer declaraciones públicas acerca de una situatión de conflicto, si las circunstancias lo requieren; por ejemplo, cuando sus delegados comprueban problemas particularmente graves desde el punto de vista humanitario, que causan o agravan repetidas o persistentes violaciones de los principios humanitarios fundamentals.

Con toda seguridad, el creciente número de miembros del Consejo de Europa y el consiguiente aumento del número de Estados Partes en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) plantearán desafíos adicionales al nuevo Tribunal Europeo de Derechos Humanos único, cuya sede permanente estará, a partir del 1 de noviembre de 1998, en Estrasburgo. Las hipótesis relativas al tipo de desafíos que deberá afrontar el nuevo Tribunal varían, pero conviene tener en cuenta la gran probabilidad de que aumente la cantidad de casos debidos a situaciones de conflicto que tal Tribunal deba dirimir.

Toda reflexión sobre la seguridad ha de estar encaminada a preservar la neutralidad, la independencia y la imparcialidad de las actividades humanitarias, condición sine qua non de la aptitud del CICR para proteger y ayudar a las víctimas de los conflictos. Toda intervención humanitaria que menoscabe esos principios fundamentales despertará, tarde o temprano, la desconfianza de la población que hay que socorrer o estará condenada a la parálisis.

La doctrina aeroespacial considera a la accióon aérea como un conjunto de salidas aéreas, simultáneas y de carácter homogéneo, que persiguen una finalidad común. Dicho con otras palabras, una acción de este tipo alcanzaría el objeto perseguido con la ejecución de las tareas llevadas a cabo por dos o más aviones actuando en alguna de las modalidades posibles, es decir, mediante el fuego, el reconocimiento, el transporte y las acciones aéreas especiales.

En el fondo de la labor en favor de los derechos humanos yace el afán de proteger a las personas contra los abusos de poder o la negligencia de sus propios Gobiernos. A escala internacional, esto transfiere al Estado la responsabilidad del trato que el Gobierno da a sus ciudadanos, complementando el derecho internacional—más antiguo—relativo al trato debido a los extranjeros y el derecho de la guerra, que (en su origen) sólo se refería también al trato debido a los extranjeros.

La ley relativa a la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue promulgada el 4 de mayo de 1998. Esta ley es prácticamente idéntica a la del 10 de abril de 1995 sobre la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia. Ambas atañen a la ley sobre la mutua asistencia internacional en materia penal (BGB, I, 1537), que por analogía la hacen ampliamente aplicable.

En su reunión del 28 de mayo de 1998, la Asamblea del Comité Internacional de la Cruz Roja nombró al señor Paul Grossrieder director general, cargo creado recientemente.

Asimismo, la Asamblea nombró al señor Jacques Stroun director de Recursos Humanos y de Finanzas y confirmó a los señores Yves Sandoz y Jean-Daniel Tauxe directores, respectivamente, de la Dirección del Derecho Internacional y de Comunicación y de la Direccion de Actividades Operacionales.

De noviembre de 1998 a agosto de 1999, el Comité Intemacional de la Cruz Roja (CICR) recopilará testimonies de miles de personas en una docena de países que se han visto directamente afectados por conflictos armados. Se les preguntará qué opinan de los límites que en derecho intemacional se imponen a la guerra, y de qué manera podría mejorarse la aplicación de los Convenios de Ginebra y de otros tratados humanitarios. Los resultados se publicarán junto con los de una encuesta realizada paralelamente en países que viven en paz. Los relatos personales de los encuestados se difundirán en publicaciones, en los medios de comunicación y en un sitio Web interactivo. La finalidad del proyecto es informar a la gente en todo el mundo sobre las normas que ya existen para proteger a las personas en tiempos de guerra y fomentar debates sobre el derecho humanitario en el contexto del conflicto moderno.