El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) siempre ha mantenido contactos, a menudo estrechos, con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. De conformidad con lo estipulado en el artículo 3 de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja «las Sociedades Nacionales forman la base y son una fuerza vital del Movimiento». En este sentido, son para el CICR socios privilegiados en la realización de su acción humanitaria. La Institución acaba de recordarlo en su estudio estratégico «Porvenir», remitido a todas las Sociedades Nacionales (carta del 16 de diciembre de 1997): «Miembro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja del que es el fundador, el CICR vela por el respeto de los Principios Fundamentales y coopera prioritanamente (cursivas añadidas) con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y su Federación.

Si confiamos en los cálculos realizados recientemente, más de dos millones de personas, aproximadamente, murieron a causa de la hambruna que afectó a Corea del Norte de 1997 a 1998. En 1997, las Naciones Unidas estimaron que 4,7 millones de norcoreanos corrían el riesgo de morir de hambre. La comunidad internacional respondió a esto prometiendo ayuda alimentaria. En junio de 1997, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja lanzó una solicitud de ayuda más amplia. En enero de 1998, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) hizo su llamamiento más importante, fijándose como objetivo colectar 380 millones de dolares EE.UU. para ayuda alimentaria, casi el doble de lo solicitado en 1997. Sin embargo, la comunidad internacional se topó con cierta resistencia al tratar de brindar ayuda a los norcoreanos desnutridos que corrían el riesgo de morir de hambre.

La iniciativa de la Revista Internacional de la Cruz Roja de conmemorar el 50° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos es acertada y digna de elogio, dado su cometido de promover y hacer respetar el derecho internacional humanitario durante los conflictos armados, así como de fomentar la convergencia de ese derecho con el derecho de los derechos humanos —como se infiere de la progresiva sustitución de la expresión «derecho de la guerra» por la de «derecho internacional humanitario».

En Somalia, un grupo de jóvenes actores, músicos y guionistas decidió crear una obra teatral que será representada y filmada en vídeo para su distribución en todo el país: en una de las escenas se confrontan un joven miliciano, que se jacta de sembrar el terror, y la mujer a la que ama, que describe el sufrimiento que engendran esos actos y que rehúsa casarse con un hombre que se ha olvidado del código del honor de su clan. Esta representación artística es un mensaje dirigido a los jóvenes milicianos sobre los efectos que conlleva la violencia descontrolada tanto para la víctima como para quien la desata.

Hace cincuenta años…, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, un hito en el desarrollo del derecho internacional. Se reconocía entonces que el punto central de referencia del sistema jurídico intemacional es el ser humano, cuyos derechos habían sido determinados durante la larga evolución de la historia constitucional.

Algunos autores, en particular Hardcastle y Chua en el artículo que se publica en este número de la Revista, presentan argumentos para defender la existencia de un derecho jurídico international a la asistencia humanitaria o para destacar la necesidad de instituirlo cuanto antes.

La Federación International de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es uno de los principales proveedores de asistencia humanitaria a las víctimas de catástrofes naturales en el mundo, por medio de la labor de las Sociedades Nacionales y con el respaldo international que en ese sentido brinda la Federación. Las deliberaciones sobre la necesidad o la legitimidad de un derecho internacional a la asistencia motivaron la reflexión de la Federación acerca de diversas cuestiones fundamentales centradas en la prestación de la asistencia humanitaria en la actualidad, en situaciones que no son las del fragor de la batalla.

El desmembramiento de un Estado único —Ula Unión Soviética— en 15 Estados distintos ocasionó también, entre tantos otros trastornos, la independencia de la respectiva Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que descubrieron nuevos ámbitos de actividad de su incumbencia. Entre ástos, la necesidad de establecer un servicio de búsquedas, a fin de perpetuar una cadena humanitaria existente desde hacía decenios.

Las violaciones del derecho intemacional humanitario no son un fenómeno reciente. Tampoco lo es la idea de establecer un tribunal penal intemacional para reprimir esas violaciones. El primer proyecto que creó un vínculo entre las violaciones de un tratado humanitario —a saber, el Convenio de Ginebra de 1864 para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña— y una sanción penal por un cuerpo judicial internacional permanente fue trazado por Gustave Moynier, uno de los fundadores del CICR. Sin embargo, como muchos otros proyectos, éste no se materializó.

Cincuenta años después de que las Naciones Unidas proclamaran su ambiciosa Declaración Universal de Derechos Humanos, cualquier escóptico podría demostrar sin mayores dificultades que el compromiso de la comunidad internacional para con el documento es, en el mejor de los casos, superficial. La ineficacia de las Naciones Unidas para impedir el genocidio en Bosnia-Herzegovina y en Ruanda, agravada por su omisión de una exhaustiva autocrítica que le habría permitido aprender de la experiencia de la tragedia de Bosnia, ha dejado al descubierto la farsa.

Hoy parece perfectamente asumido que el derecho internacional humanitario y los derechos humanos son parientes próximos. Repetida en multitud de ocasiones, esta afirmación se impone hoy en día a todos. A menudo se piensa que la estrecha relación entre estas dos materias existía y se percibía desde «el principio». Nada más alejado de la realidad. Antaño adscritas a categorías jurídicas distintas, sólo la asidua atención de los tratadistas modernos ha desvelado ese fondo común que parece predestinarlas a múltiples y fructíferos intercambios. Tratemos de aclarar esta relación.

A mediados de nuestro siglo, dos importantes acontecimientos influyeron en el derecho penal international. En primer lugar, fueron los juicios en Nuremberg y en Tokio contra los grandes criminales de guerra, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los que sirvieron de referente en este ámbito. La responsabilidad penal individual por actos graves contrarios a las normas del derecho internacional aplicable en caso de conflicto marmado sale a la luz pública; las nociones de «crímenes contra la paz», «crímenes de guerra» y «crímenes contra la humanidad» se ven refrendadas. Algo más tarde, con la aprobación de los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protectión de las víctimas de la guerra, se produce el segundo acontecimiento. En estos instrumentos se establece un marco represivo especial para las violaciones más graves del derecho que garantizan; nace la expresión técnica «infracción grave».

La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Cubana fundada el 10 de marzo de 1909, fue reconocida por el decreto presidencial 401 de ese mismo año como «Sociedad de socorros auxiliar del poder público». Durante más de 50 años, sus modestas funciones eran a la atención a la salud de los grupos de nuestra población de escasos recursos económicos; prestaba, por mediación de dispensarios, servicio médico y estomatológico, de forma gratuita o cobrando una mínima cuota.

Durante los últimos 50 años, la evolución de los principios de los que forman parte los derechos humanos ha tenido importantes repercusiones en el derecho international humanitario y en el derecho international en general. En los últimos añios, el movimiento en favor del reconocimiento de la igualdad de derechos de las mujeres ha ejercido, con cierto resultado, su propia influencia en los derechos humanos. En 1979, por ejemplo, la comunidad international aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la que son Partes actualmente 155 Estados. Se está examinando la aprobación de un protocolo facultativo en el que se prevería la posibilidad de presentar quejas ante la Comisión para esa Convención. Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales nan centrado cada vez más su atención en los derechos humanos de la mujer y, como resultado, hay una amplia gama de estudios, informes y recomendaciones sobre varios aspectos de la cuestión. Así pues, el tema de la mujer es un punto firmemente establecido en el orden del día international de los derechos humanos.

A menudo, los conflictos modernos están rodeados de un vacío de comunicación, y ya es hora de que se haga algo al respecto.

Hoy, aquellos que participan en la guerra parecen tener menos deseos que nunca de hacerse oír y, las más de las veces, con razón. En esta época de la postguerra fría, a los beligerantes ya no les importa tanto como antaño lo que piense el resto del mundo. Ya no temen molestar o poner en un aprieto a sus patrocinadores; de hecho, en la mayoría de los casos, ya ni siquiera tienen patrocinadores, ni los necesitan. Ya no sueflan —como lo hacían tantos movimientos de liberación nacional hace algunos decenios— con pronunciar discursos ante las Naciones Unidas en Nueva York. A muchos de ellos no les preocupa en absoluto su imagen international, ni el mundo exterior.

El 15 de junio de 1998, dará comienzo en Roma una conferencia diplomática de cinco semanas de duración con la misión de poner remedio, con la aprobación de un tratado para la constitutión de un tribunal penal international permanente, a una de las más persistentes deficiencias existentes en el sistema de aplicación del derecho internacional humanitario. Aunque el esfuerzo actual de las Naciones Unidas para instituir un tribunal de esta índole se inició hace medio siglo con la propuesta formulada en 1947 por Henri Donnedieu de Vabres, el juez francés del Tribunal Militar International de Nuremberg, es aún escasamente sabido que la primera propuesta seria de creación de este tribunal fue la realizada hace más de siglo y cuarto por Gustave Moynier, uno de los fundadores, y durante mucho tiempo, presidente del Comité International de la Cruz Roja. Moynier luchó con muchos de los mismos problemas a los que se enfrentarán los redactores de los estatutos en la Conferencia Diplomática de 1998, y los aciertos y carencias de su propuesta siguen siendo válidos.

Las raíces de la Cruz Roja de Nigeria datan del año 1917, cuando el país todavía se hallaba bajo la autoridad británica. Ese año, la Cruz Roja Británica organizó, por primera vez, una colecta de fondos en Lagos. Tras ese evento, se instituyó la denominada Seccion Central de Nigeria de la Cruz Roja Británica, con sede en Lagos. La sección tenía subsecciones en las entonces tres zonas del país, es decir, oriental, septentrional y occidental, con sede en Enugu, Kaduna e Ibadan, respectivamente. Con la independencia del país, el 1 de octubre de 1960, nacía la Cruz Roja de Nigeria, en virtud de una Ley del Parlamento llamada «Ley de 1960 de la Cruz Roja de Nigeria». Hoy, la Sociedad Nacional cuenta con una sección en cada uno de los 36 estados, así como en Abuja, territorio de la capital federal.