La adhesión a los tratados de derecho intemacional humanitario, en particular a los Convenios de Ginebra de 1949 y a sus Protocolos adicionales de 1977, es sólo para los Estados una primera etapa en el respeto de ese derecho. Esa etapa debe ir seguida de esfuerzos para aplicar esas normas a nivel nacional. Dichos esfuerzos engloban muy diversos elementos, que van desde la promulgación de leyes y reglamentos nacionales a la localización o el señalamiento de los edificios y otras obras protegidos por ese derecho.

La Revista publica a continuatión las declaraciones finales recientemente aprobadas por dos conferencias zonales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja:

• Declaratión de Kampala, aprobada por la IV Conferencia Panafricana, el 27 de septiembre de 1996, en Kampala (Uganda)

• Declaratión de Copenhague, aprobada por la 5a Conferencia Regional Europea, el 20 de marzo de 1997, en Copenhague (Dinamarca)

Declaratión de Kampala

La IV Conferencia Panafricana tuvo lugar en Kampala (Uganda) del 23 al 27 de septiembre de 1996; asistieron delegados de 49 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Al término de la Conferencia Diplomótica sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario, los representantes de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 aprobaron, el 8 de junio de 1977, dos Protocolos adicionales a esos Convenios. Tras un período de preparatión e intensas negociaciones, que duraron casi una década, los nuevos tratados humanitarios fueron aceptados por los plenipotenciarios sin votación ni oposiciones, a pesar de los considerables obstáculos que tuvieron que superarse. Aunque las soluciones dadas a problemas especialmente polémicos no podrían satisfacer siempre todos los intereses, los diplomáticos, los asesores jurídicos y los expertos militares tenían muchos motivos para regresar satisfechos a sus respectivas capitales.

Sin embargo, tras la clausura de la Conferencia había que abordar la etapa de la firma y la ratificación de los textos (o la adhesión a ellos) por los Estados. Es decir, era menester que los Estados aceptaran como era debido las nuevas obligaciones codificadas por los dos Protocolos adicionales y que se comprometieran a respetarlos, tanto en tiempo de paz como en período de conflicto armado.

Tras la decepción generalizada que causó la aprobación, en 1996, de las modestas modificaciones del Protocolo II relativo a las minas terrestres de la Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales (CAC), cabe abrigar esperanzas de que este año se apruebe y se firme un nuevo tratado internacional, por el que se prohPíban la producción, la exportación, la transferencia y el empleo de las minas terrestres antipersonal. Aunque en un comienzo el apoyo a dicho tratado no sea universal, su existencia permitirá establecer una norma jurídica internacional de peso y continuar allanando el camino hacia el objetivo que persigue el CICR: acabar con el flagelo de las minas terrestres.

«A decir verdad, lo importante no es cuántos casos de atrocidades puedan tratar los Tribunales Intemacionales sino el profundo mensaje que transmite su existencia misma, propiciando así el desarrollo del derecho mediante sus estatutos, sus normas de procedimiento y de prueba, así como mediante la práctical»

En la primavera de 1994, fueron muertas en Ruanda más de 500.000 personas en uno de los más cruentos genocidios de la historia. La matanza comenzó apenas unas horas después de que fuese derribado, en un atentado, el avión en que viajaban, tras negociaciones de paz en Tanzania, los presidentes de Ruanda y de Burundi, antes de aterrizar en el aeropuerto de Kigali.

Se sometieron a la Corte Internacional de Justicia dos solicitudes de Opinión consultiva —la primera procedente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la segunda de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La OMS planteó la pregunta siguiente: «En vista de sus efectos para la salud y el medio ambiente, ¿puede considerarse el empleo de las armas nucleares por un Estado en guerra u otro conflicto armado un incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el derecho Internacional, incluida la Carta de la OMS? La Corte estatuyó por once votos a favor y tres en contra (dictámenes disidentes de los jueces Shahabuddeen, Weeramantry y Koroma) que no podía emitir la Opinión consultiva solicitada por la OMS.

La reactión de la comunidad internacional ante la matanza y el genocidio en Ruanda ha sido, a veces, reticente e inadecuada. Esto se debe, en parte, a la cantidad de recursos humanos y materiales que habrían sido necesarios para restaurar la paz y resolver las cuestiones más fundamentales del derrumbamiento del Estado mismo. Sin embargo, la experiencia de Ruanda también plantea serios interrogantes acerca de la adecuación de las estructuras internacionales y regionales encargadas de mantener y restaurar la paz.

Desde hace muchos años, las fuerzas armadas desarrollan nuevos métodos de observación a fin de aumentar las posibilidades de librar combates en todo momento y con cualquier tiempo. Para ello, algunas fuerzas armadas se han equipado con cámaras de imaginería térmica (IR) que permiten reconocer y detectar a personas y objetos, no solamente durante la noche sino también durante el día, aun cuando la visibilidad sea escasa (por ejemplo, a través del humo, del follaje o de la llovizna).

Por primera vez, la Corte Internacional de Justicia analizó con cierto detenimiento el derecho internacional humanitario que rige el empleo de armas. Nos fue grato comprobar la reafirmación de algunas normas que la Corte definió como inquebrantables, en particular la prohibitión absoluta del empleo de armas de efectos indiscriminados, así como la prohibitión del empleo de armas que pueden causar sufrimientos innecesarios. También celebramos que la Corte haya puesto de relieve que el derecho humanitario se aplica a todas las armas sin exceptión, incluidas las nuevas. En ese contexto, deseamos destacar que no hay exceptión alguna a la aplicación de esas normas, cualesquiera que sean las circunstancias. El derecho international humanitario es per se la última barrera contra la barbarie y el horror que engendra, con demasiado facilidad, la guerra y además se aplica uniformemente a todas las partes en un conflicto en todas las circunstancias.

Algunos han acusado a Francisco Suárez, «príncipe de los juristas modernos», de ser un gran antimonárquico, incluso de ser el primer regicida, por ser el primer «convicto y confeso republicano».

Encuadró ontología, metafísica y teodicea del platonismo y del aristotelismo, del agustinismo y del tomismo en el derecho; hizo que, en jurisprudencia, el mundo de las ideas entrase en el mundo de las cosas; su explicación del derecho es válida para sus días y para todas las épocas.

Tratando cuestiones abstractas, desarrolló una filosofía del derecho aplicable a situaciones concretas.

Enseñó en la cátedra y consignó en su obra escrita que el derecho ha de ser la ciencia de la libertad; ciencia inexacta, pues, a caballo entre la individualidad (ego) y la colectividad (ens sociabilis), que no debe confundirse con la moral personal ni con la opinión pública. Hay, en todo ser humano normalmente constituido, una conciencia del derecho: los individuos son metafísicamente iguales, en la practica no; a cualidad igual corresponde cantidad mayor o menor, distinta proporción. El derecho es la ley del bien y del orden, de la razón y de la verdad que, por lo tanto, siempre se fundamenta en un juicio subjetivo de alguien que nunca es infalible.

Comisiones u otros organismos para el derecho internacional humanitario, Informe de la reunión de expertos, Ginebra, 23–25 de octubre de 1996, CICR Cristina Pellandini ed.), Ginebra, 1997

En esta obra figuran las actas de la Reunión de Expertos sobre comisiones u otros organismos encargados de proponer medidas nacionales de aplicación del derecho internacional humanitario, organizada por el Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario del CICR.

La Conferencia nos ha permitido extraer enseñanzas de las intervenciones de oradores versados en distintas materias, de la mesa redonda sobre comunicación, y de nuestros aportes mutuos. Si bien hemos sabido mostrarnos a la altura de muchos de los nuevos desafíos, deberemos continuar aprovechando todas las oportunidades para renovar nuestra voluntad de cambio y nuestra constante búsqueda de medios tendientes a desplegar cada vez con mayor eficacia nuestra labor en favor de las personas más vulnerables.

La rivalidad por lo que se refiere a la competencia, a la complementariedad y la cooperatión entre un tribunal internacional y las jurisdicciones nacionales es una cuestión inevitable que puede plantearse a todos los Estados del planeta, puesto que todos pueden verse, en algún momento, confrontados con muchos de los crímenes con respecto a los cuales son competentes, en virtud del principio de competencia universal, los tribunales internacionales, dondequiera que se hayan cometido y cualquiera que sea la nacionalidad del autor.

A instancias del CICR y con su colaboración, la Cruz Roja Japonesa organizó un coloquio en la Universidad de Tokio, sobre los problemas y los retos del derecho internacional humanitario en Japón. Esta reunión, apoyada por el Ministerio de Relaciones Exteriores nipón, se celebró el 19 y 20 de febrero de 1997.

El coloquio fue inaugurado por el vicepresidente de la Cruz Roja Japonesa, Tadateru Konoe, y por el delegado general del CICR para la zona Asia y el Pacífico, Jean Michel Monod. Participaron en él unas sesenta personas de universidades, de Ministerios —en particular de Relaciones Exteriores, de Justicia y de la Agenda de Autodefensa—, de diversas organizaciones no gubemamentales y de la Sociedad Nacional.

Tras invitación del CICR, se celebró en Ginebra, del 21 al 23 de octubre de 1996, la ón anual de asesores jurídicos de las Sociedades Nacionales y de encargados de difusión: juristas del CICR y representantes de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja ydela Media Luna Roja debatieron informalmente acerca del desarrollo delderecho internacional humanitario y de cómo promover mejor el conocimiento y el cumplimiento de ese cuerpo del derecho.

Michael A. Meyer, jefe de Derecho Internacional de la Cruz Roja Británica, habló del cometido de las Sociedades Nacionales en la aplicación del derecho internacional humanitario. La Revista publica el texto de sus observaciones; ha añadido subtítulos y pies de página.

En la cuarta sesión del Sexto Consejo Nacional de la Cruz Roja China, que tuvo lugar del 1 al 4 de abril de 1997, en Xiamen (provincia de Fujian), el Consejo examinó la solicitud de la Cruz Roja de Hong Kong de ser una sección de la Cruz Roja China a partir del 1 de julio de 1997.

Dado que, desde el 1 de julio de 1997, el Gobierno de la República Popular de China ejercerá nuevamente la soberanía sobre Hong Kong tras el establecimiento de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, y puesto que la Cruz Roja Británica recibió la notificación de la Cruz Roja de Hong Kong de poner término a su afiliación a la Cruz Roja Británica, con efecto a partir del 1 de julio de 1997, el Consejo Nacional de la Cruz Roja China aprobó, en la citada sesión, una resolución por la que acepta que la Cruz Roja de Hong Kong sea una sección de la Cruz Roja China con un alto grado de autonomía. La afiliación surtirá efectos el 1 de julio de 1997.

La aparente vigencia plurisecular de las expresiones ius ad bellum/ius in bello, favorecida por los espejismos de la augusta solemnidad del latín, es engañosa. En realidad, no aparecen sino en la época de la Sociedad de las Naciones, y se imponen como tópico en la doctrina y en la práctica sólo después de la Segunda Guerra Mundial, más precisamente en las postrimerías de la década de los 40. A continuatión se explica su advenimiento.

La Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, del 13 de enero de 1993 (Convención sobre Armas Químicas) surtirá efectos el 29 de abril de 1997, tras el depósito por Hungría, el 31 de octubre de 1996 del sexagésimo quinto instrumento de ratificación. Esta decisiva Convención complementa y potencia el Protocolo de Ginebra de 1925, por el que se prohíbe el empleo de armas químicas y biológicas, ya que en ella también se prohíben el desarrollo, la producción y el almacenamiento de las armas químicas —así como el empleo de éstas— y se exige la destrucción de las reservas existentes. El Protocolo de Ginebra de 1925 fue aprobado, a finales de la Primera Guerra Mundial, tras un acuciante llamamiento del CICR contra la guerra química. En virtud de la Convención sobre las Armas Biológicas, que surte efectos desde 1975, se prohíben el desarrollo, la producción y el almacenamiento de esas armas.

Decididos a poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por las minas antipersonal, que matan o mutilan a cientos de personas cada semana, en su mayor parte civiles inocentes e indefensos, especialmente niños, obstruyen el desarrollo económico y la reconstrucción, inhíben la repatriatión de refugiados y de personas desplazadas internamente, además de ocasionar otras severas consecuencias muchos años después de su emplazamiento,

Creyendo necesario hacer sus mejores esfuerzos para contribuir de manera eficiente y coordinada a enfrentar el desafío de la remoción de minas antipersonal colocadas en todo el mundo, y a garantizar su destrucción,

Deseando realizar sus mejores esfuerzos en la prestación de asistencia para el cuidado y rehabilitatión de las víctimas de minas, incluidas su reintegración social y económica,

Reconociendo que una prohibición total de minas antipersonal sería también una importante medida de fomento de la confianza,