La reunión de jefes de delegación y de delegados zonales del CICR, que tuvo lugar del 19 al 22 de enero de 1997, en Glion, fue un acontecimiento para la Institución. Permitió centrar la atención de los dirigentes de las actividades operacionales en las cuestiones de seguridad relativas a las situaciones en que se realiza la acción humanitaria. Las recientes tragedias que nan afectado al CICR (asesinato de diez colaboradores en Burundi, Chechenia y Camboya), así como el asesinato, en Ruanda, de tres colaboradores de Médicos del Mundo y de cuatro de la ONU, pusieron de relieve la imperiosa necesidad de reexaminar las medidas de seguridad y las modalidades de intervención, en el ámbito humanitario, en favor de las víctimas de conflictos.

La opinión consultiva emitida el 8 de julio de 1996 por la Corte Internacional de Justicia sobre la «licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares» incluye varios elementos de gran interés desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, puesto que al derecho humanitario, que se ha desarrollado grandemente después de la Segunda Guerra Mundial, siempre le nan faltado disposiciones expresas por lo que atañe a las armas nucleares.

Aunque el problema de las armas nucleares fue debatido durante largo tiempo en los órganos de las Naciones Unidas y en la Comisión de Desarme de Ginebra, que después pasaría a llamarse Conferencia de Desarme, los trabajos para la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario y, más específicamente, la Conferencia de Ginebra de 1949 para elaborar los cuatro Convenios y la Conferencia de 1974–1977 para elaborar los Protocolos adicionales siempre evitaron dicho tema.

El Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 es un producto de mediados de los años setenta. Refleja el espíritu de la época que predominaba entonces: la mentalidad de confrontación de la guerra fría; el desafío a Occidente por parte de un «Tercer Mundo» repentinamente asertivo y temporalmente unido; las tendencias de una mayoría inamovible en organizaciones y foros internacionales, intolerante frente a las opiniones discrepantes de una gran minoría influyente; y el cínico sacrificio del sentido común (y del derecho bien fundado) en aras de la conveniencia política.

Muchos de los entonces expertos en derecho internacional humanitario, habiendo dedicado mucha energía a elaborar trabajosamente el texto del Protocolo, antes y después de las difíciles sesiones de la Conferencia Diplomática de los años 1974–1977, se engañaban a sí mismos creyendo que el proceso de elaboración de leyes había concluido finalmente y que todo el mundo viviría feliz con los resultados. Evidentemente, era un cuento de hadas. Por regla general, los cuentos de hadas finalizan con las alentadoras palabras, «los protagonistas vivieron felices». Pero, la vida real comienza precisamente donde termina el cuento de hadas. La cuestión fundamental es saber cómo los protagonistas consiguen vivir tras los festejos. En las relaciones internacionales, el aspecto clave de la elaboración de tratados es la aplicación. Y, desde el punto de vista de la aplicación, evaluada a la luz de veinte años de experiencia, es evidente que el Protocolo ha sido un fracaso.

La solicited presentada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 49/75K (1994), a la Corte Internacional de Justicia para que ésta emitiera una opinión consultiva sobre la cuestión siguente: «¿autoriza el derecho internacional en alguna circunstancia la amenaza o el empleo de armas nucleares?», brindó a la Corte una oportunidad inusitada de examinar los principios del derecho internacional humanitario, oportunidad que la Corte hubiese preferido quizás no tener. En verdad, la pregunta está mal planteada y son bien poco convincentes las razones aducidas para hacerla. En particular, la índole forzosamente abstracta de la cuestión colocó a la Corte en una postura excepcionalmente delicada, ya que no le era posible repasar todas las combinaciones de circunstancias en las que se podría emplear armas nucleares o recurrir a la amenaza de emplearlas.

Tras las acusaciones formuladas contra delegados que prestaban servicios para el CICR durante la Segunda Guerra Mundial, y que fueron publicadas por la prensa en el verano de 1996, la Institución se comprometióo a esclarecer este período de supasado. Dichas alegaciones se basan en observaciones hechaspor agentes de la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS) estadounidense, según las cuales, delegados del CICR actuaron de modo poco compatible con el cometido humanitario de la Institución.

Después de efectuar minuciosas investigaciones en sus propios archivos y en los Archivos Federates suizos, el CICR puede afirmar, actualmente, que de las 49 personas cuyos nombres figuran en los documentos de la OSS sólo 18 trabajaban para el CICR; tres de éstas cometieron, efectivamente, actos reprensibles. Una hizo malversations y las otras dos fueron convictas de actividades de espionaje, cuyo móvil fue, probablemente, el afán de lucro.

Además de difundir el derecho internacional humanitario (el derecho de los conflictos armados) y las obligaciones que dimanan de este derecho para las autoridades militares y políticas de un país, hay que tratar de incorporarlo en los planes de estudio universitarios, en los que pueda preverse su enseñanza y estudio detenidos.

Hoy, el derecho internacional humanitario es un elemento secundario del programa de estudio de las Universidades de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), pues es sólo una pequeña parte del curso de derecho internacional público de las principales Facultades de Derecho. Aunque los tratados e instrumentos de derecho internacional humanitario ya existían en ruso, hasta hace muy poco tiempo era difícil encontrarlos en las bibliotecas y raras veces eran objeto de estudio e investigación a nivel universitario.

En las páginas siguientes me referiré a la forma en que la Cruz Roja Noruega reaccionó ante la trágica muerte de seis delegados del CICR en Chechenia, el mes de diciembre de 1996. Aquellos fueron días de febril mobilizatión; hoy, en cambio, es tiempo de reflexión.

Para el Movimiento en su conjunto, es esencial que fijemos la atención en la cuestión de la seguridad, por cuanto de ésta depende la integridad física de quienes trabajan para la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Al mismo tiempo, no debemos permitir nunca que actos tan perversos como éste paralicen nuestra capacidad para intervenir en zonas de conflicto.

El ataque que cobró la vida de seis miembros de la Cruz Roja en el hospital de Novi Atagui el 17 de diciembre de 1996 no tuvo por bianco únicamente a víctimas inocentes, sino a toda la comunidad de trabajadores de la causa humanitaria del mundo, al CICR, al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a su emblema y, por último, al ideal mismo de la acción humanitaria. La labor humanitaria no será jamás la misma después de lo ocurrido en Novyi Atagui: en adelante, siempre habrá un «antes» y un «después». Tenemos que considerar las cuestiones relativas a la seguridad en una perspectiva más amplia que antes. Los recientes acontecimientos en Ruanda sólo sirven para reforzar este argumento.

Si nos remontamos a los diversos orígenes de las leyes de la guerra, una pregunta elemental parece haber retenido la atención de los primeros legisladores: ¿por qué, de hecho, habría que imponer limitaciones jurídicas a las acciones bélicas, siendo así que su finalidad es destruir al enemigo extranjero? A primera vista, estas restricciones resultan ser incompatibles con el objetivo mismo de la guerra y no tenían valor alguno para quienes estaban obligados a resistir a un ataque armado o deseaban librar batalla contra el enemigo.

En la noche del 16 al 17 de diciembre de 1996, sets miembros del equipo de la Cruz Roja del hospital del CICR de Novi Atagui (Chechenia) fueron muertos mientras dormían por un comando de asesinos enmascarados, provistos de armas con silenciadores. Un séptimo delegado, herido, se libró de la matanza.

Asistencia tras el drama de Novi Atagui

El 17 de diciembre de 1996 por la manaña, un avión ambulancia salía de Ginebra con destino al norte del Cáucaso para evacuar al herido que había sobrevivido a la matanza de la noche anterior. A bordo viajan tres altos cargos del CICR: el delegado general, encargado de las actividades operacionales de la zona Europa oriental y Asia central, el médico jefe de la División de Salud, del que depende el hospital quirúrgico, y yo mismo, como médico encargado del apoyo y de la gestión del estrés de los colaboradores. Sobre el terreno, estas tres personas compartirían una doble tarea: por un lado, la investigatión de las causas de la tragedia y las decisiones operacionales que debían de adoptarse con urgencia (en particular, en materia de seguridad); por otro, la asistencia a los colegas y la gestión de este duelo colectivo.

Tengo el honor y el privilegio de dirigirme a esta Conferencia, que centra sus debates en un tema de gran importancia para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El CICR, cuyo cometido es prestar protección y asistencia a las víctimas de confiictos armados y que realiza operaciones en todo el mundo, ha tenido que ver directamente, como organismo humanitario, con muchas misiones de mantenimiento de la paz emprendidas por las Naciones Unidas.

En primer Iugar, quisiera yo señalar que el mantenimiento de la paz es una labor esencial de las Naciones Unidas y que los organismos que, como el CICR, hacen frente diariamente a los horrores de la guerra, no pueden menos de congratularse por los constantes esfuerzos desplegados en este ámbito. Las operaciones de mantenimiento de la paz son parte de la misión básica de las Naciones Unidas. Tienen especial interés para nosotros y nos incumben porque pueden tener repercusiones para nuestra acción y dar Iugar a frecuentes contactos entre nuestros delegados y el personal militar de las Naciones Unidas sobre el terreno.

El Tribunal Penal International para Ruanda (TPIR), instituido, el 8 de noviembre, por el Consejo de Seguridad, del que es órgano subsidiario, tiene por cometido contribuir al restablecimiento y al mantenimiento de la paz, así como a la reconciliatión national, mediante el enjuiciamiento de los presuntos responsables de actos de genocidio o de otras violaciones graves del derecho international humanitario cometidos en el territorio de Ruanda, así como de ciudadanos ruandeses presuntos responsables de tales actos y de otras violaciones perpetrados, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994 en el territorio de Estados vecinos.

Una de las pocas instituciones en el mundo que pueden reunir a oficiales de todo el planeta que viven y trabajan juntos durante dos semanas, cada uno con su propio uniforme, es el Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo, en Italia.

Esta organización no gubernamental se fundó en 1970 para promover la difusión y el desarrollo del derecho internacional humanitario. La elección de la turística ciudad italiana de San Remo no fue casual, pues Alfredo Nobel pasó allí los últimos años de su vida y legó todas sus bienes a la causa humanitaria. La casa donde se alojó hasta su muerte es ahora la sede del Instituto Internacional de Derecho Humanitario.

La Opinión consultiva formulada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con respecto a la licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares es una decisión algo desconcertante e inesperada. Después del último párrafo, que es la parte dispositiva, los catorce jueces añaden declaraciones personales, dictámenes individuals o dictámenes disidentes para indicar hasta qué punto están o no de acuerdo con conclusiones y aspectos concretos del razonamiento en que se basa la Opinión.

En muchos conflictos armados, no han sido aplicables los Protocolos adicionales de 1977 a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, aprobados tras un complejo proceso de trabajos preparatories y negociaciones en varios foros. Sin embargo, no sería apropiado decir que no han aprobado el examen de la realidad. Uno de los efectos más importantes de estos instrumentos ha sido la profusión del número de expertos sobre el particular en todo el mundo, que comparten conocimientos acerca de la interpretación de importantes normas y enfrentándose al reto de la aplicación de las mismas.

Como joven abogado, designado para participar en las conferencias de expertos gubernamentales —las primeras fueron convocadas, el año 1971, en Ginebra— acerca de la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, me fascinó la oportunidad única de contribuir a un proceso de elaboratión de tratados acerca de un tema de índole muy política y que había sido tratado antes de las dos guerras mundiales, en 1907. De hecho, se aprobaron importantes convenios de índole humanitaria en 1929, 1949 y 1954, pero el valiente enfoque de las Conferencias de Paz de La Haya de 1899 y de 1907 pronto fue víctima de la Primera Guerra Mundial y, durante la guerra fría, después de 1956, no avanzaron los serios esfuerzos desplegados para compaginar el «derecho de La Haya» con el «derecho de Ginebra».

Respondo, con cierta desazón, al llamamiento que hizo la Revista a los «antiguos combatientes» de la Conferencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho intemacional humanitario aplicable en los conflictos armados (en adelante, Conferencia Diplomática) para conmemorar el vigésimo aniversario de la firma de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra. Quienes colaboramos de diferentes maneras en la redacción de estos textos, sentimos un gran alivio cuando, el 8 de junio de 1977, terminamos nuestra labor y, al mismo tiempo, una especie de júbilo por haber realizado una importante acción en beneficio de las víctimas de la guerra. Pues, gracias a los dos Protocolos adicionales, el nuevo derecho de los conflictos armados ha hecho grandes progresos. No hay que olvidar que, actualmente, casi dos tercios de la comunidad intenacional han ratificado estos textos. Sin embargo, la aplicación de sus disposiciones deja, desafortunadamente, mucho que desear. Dudo que para demostrar lo bien fundado de esta afirmación, sea necesario evocar los penosos conflictos que han tenido lugar durante los últimos veinte años. El caso que conozco mejor es el de las «guerras yugoslavas» (1991–1995). De hecho, es el ejemplo más patente del desfase entre el derecho y su aplicación. Lo que más preocupa es que todo esto ocurre hoy cuando, después de la desaparición del «universo totalitario», ya no queda prácticamente sino un único «centro de potencia».

Los últimos años se han caracterizado, especialmente, por una mayor concienciación en cuanto a la necesidad de potenciar la aplicación efectiva del derecho internacional humanitario. Dicho de otro modo, se trata de dar un contenido a la obligación de los Estados de respetar y hacer respetar el derecho humanitario. En ese marco, es fundamental la aprobación, ya en tiempo de paz, de medidas nacionales para que se respete ese derecho en todas las circunstancias.

Leyendo los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977, nos damos cuenta de la gran diversidad de medidas que los Estados deben tomar, ya que son numerosos los sectores concemidos de la actividad estatal. A fin de llevar a cabo esas acciones —que, en realidad, son un proceso permanente—, se requiere la cooperación de varios Ministerios, administraciones públicas, entidades estatales, instituciones de utilidad pública u otras instituciones.

Durante sus reuniones del 4 de julio de 1996 y del 24 de abril de 1997, la Asamblea del Comité Internacional de la Cruz Roja eligió a tres nuevos miembros del Comité:

Sr. Jean-Roger Bonvin

Sr. Peter Arbenz

Sr. Jakob Nüesch

Tras la cooptación de estas tres personas, el Comité está ahora integrado por 21 miembros.

El señor Jean-Roger Bonvin, ciudadano suizo, nacido el año 1934, es doctor en economía por la universidad de San Gall. Prestó servicios en el Instituto Internacional de Planificación de la Educatión en la UNESCO, antes de ser, de 1970 a 1979, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Burundi, en el marco de una misión de la Directión suiza de la Cooperación para el Desarrollo y de Ayuda Humanitaria, así como cónsul honorario de Suiza. A partir del 1980, fue jefe del programa de investigatión acerca de las relaciones Norte-Sur y, luego, director del Centra de Desarrollo de la Organizatión de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE), en París, del cual es presidente desde finales de 1994. También impartió cursos de economía del desarrollo en las Universidades de París V y de Lille (Francia), así como de Lausana (Suiza).

Hans Bachmann, miembro honorario del CICR, falleció el 7 de julio de 1997, pocos días después de haber cumplido 85 años.

El señor Bachmann hizo una larga carrera al servicio del CICR. Abogado de profesión, comenzó a trabajar al servicio del CICR a principios de 1942, en el período álgido de la guerra. Desde el comienzo, ocupó puestos de importancia bajo la presidencia de Carl Burckhardt y en acciones asistenciales. Desempeñó un gran papel en la Comisión Mixta de Socorros y, sobre todo, en la Fundación para la Organización de los Transportes de la Cruz Roja, de la que fue uno de los promotores y el principal organizador. Esta Fundación desplegó una actividad de amplitud sin precedentes para abastecer a los países afectados por el conflicto y por sus secuelas. A comienzos de 1946, dejó el CICR para volver, doce años más tarde, en 1958, como miembro del Comité, cuyo cargo desempeñó hasta 1976.

Por fin, el ocho de julio de 1996, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió su Opinión consultiva sobre la licitud del empleo y de la amenaza de empleo de armas nucleares. El procedimiento fue demorándose desde el comienzo de la vista pública, el 30 de octubre de 1995; repetidas veces se anunció un plazo para la resolución, que después no se cumplió. Por ello, hasta el último momento cabía temer que no se lograra una mayoría que confirmara la ilegalidad fundamental del empleo de armas nucleares, lo que habría sido un duro golpe para los impulsores del procedimiento de Opinión consultiva y, en general para el desarrollo del derecho internacional.

En mayo de 1992, varias ONG, emprendieron en Ginebra una campana internacional denominada «World Court Project».

Vistas las atrocidades cometidas en Ruanda, entre abril y julio de 1994, la comunidad intemacional se ha comprometido a hacer respetar el derecho intemacional humanitario y a enjuiciar a los responsables de las infracciones contra ese derecho. Así, en virtud de la resolución 955 del 8 de noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció el Tribunal Penal Intemacional para que enjuicie tanto a los presuntos responsables de genocidio y de otras graves violaciones del derecho intemacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda como a los ciudadanos ruandeses presuntamente responsables de dichos actos o violaciones cometidos en el territorio de Estados vecinos.