En los conflictos armados y en las complejas emergencias actuales, los sufrimientos afectan a un mayor número de personas civiles que de combatientes. Tras la guerra fría, era posible definir una zona de confusión que se distinguía por el intenso sufrimiento de las personas civiles. Pero también se podía identificar una zona de estabilidad desde la que actuaba un complicado sistema de asistencia humanitaria destinado a aliviar el sufrimiento de la población civil. En los reportajes de los medios de información se resaltaba el sufrimiento, pero nunca antes en la historia del mundo se había visto tal variedad de organismos humanitarios prestar socorros de emergencia durante los conflictos armados y las emergencias complejas. Inevitablemente, se elevaron protestas para que mejorara la organización y la coordinación y, en 1991–1992, la ONU creó el Departamento de Asuntos Humanitarios (DAH).

Desde la fundación de la Cruz Roja se ha planteado el problema de su relación con la guerra. En efecto, cabía preguntarse si el hecho de institucionalizar la protección de las víctimas de la guerra y de crear un ámbito especial al que la violencia no tuviera acceso no podría ser considerado como un reconocimiento oficial de la guerra, como la aceptación tácita del recurso a la fuerza. Incluso algunos se preguntaron si el hecho de reglamentar la guerra sin tratar de suprimirla no significaría estar al servicio de los objetivos de los responsables militares y políticos de la beligerancia, que podrían, en adelante, esgrimir la excusa de una «guerra limpia» para justificarse ante la opinión pública y la historia.

Estas reservas no mermaron la determinación de los fundadores de la Cruz Roja, que, sin duda, consideraban que ya habían resuelto este problema. Como ciudadanos de una nación de neutralidad institucional, solo reconocían como legítima la guerra defensiva, y pensaban que un ejército de milicia es la mejor garantía para su protección. Su objetivo consistía en mejorar la situación de los militares heridos, más que en reformar la política de las naciones.

En julio de 1995, el Consejo Ejecutivo del CICR solicitó a la Dirección de Derecho Internacional y Doctrina y a la División de Archivos que redactaran un nuevo Reglamento de acceso a los archivos del CICR. En su reunión del 17 de enero de 1996, la Asamblea del CICR aprobó el texto que le fue presentado y encargó a la División de Archivos organizar la consulta de los archivos públicos del CICR.

El CICR adopto esta medida teniendo en cuenta el extraordinario interes que los archivos de una institución, presente en la mayoría de los conflictos de estos últimos treinta años, tienen para el público. Responde, simultáneamente, al interés científico de los historiadores y al deseo manifestado por institueiones tales como el Yad Vashem World Centre for Teaching the Holocaust de Jerusalén, el United States Holocaust Memorial Museum de Washington, o el Centra de Documentación Judío Contemporáneo de París, de completar las respectivas colecciones de archivos. El CICR también desea facilitar el acceso a las personas en busca de datos biográficos o de testimonios relacionados con las víctimas de los conflictos.

1) El presente Reglamento regula el acceso a los archivos del CICR, que están integrados por:

— los archivos de los órganos rectores de la Institución;

— los archivos de los miembros del Comité;

— los archivos de las unidades de la sede;

— los archivos de las delegaciones;

— archivos de otras procedencias, agregados a los Archivos del CICR, depositados en los Archivos del CICR.

2) Se aplica, por analogiá, a los archivos en curso, intermedios o definitivos que no están depositados en los Archivos del CICR.

Artículo 1 — Principio

Tienen acceso a los archivos del CICR dos categorías de usuarios, atendiendo a las condiciones establecidas en el presente Reglamento:

— los miembros del Comité y los colaboradores del CICR;

— el público.

En Estados Unidos, un grupo de investigadores, cuyo propósito es localizar en bancos suizos lasfortunas depositadas por víctimas—sobre todo judías— de las persecuciones nazistas, ha dado con una serie de documentos procedentes de Office of Strategic Service (OSS), servicio de información estadounidense precursor de la CIA. Esos documentos, fechados los años 1944 y 1945, contienen información sobre personas que supuestamente trabajaron para el CICR durante la Segunda Guerra Mundial.

El CICR desea aclarar esas denuncias, que ponen en tela de juicio la actividad de la Institución en favor de las víctimas durante la Segunda Guerra Mundial. Sus archivistas trabajan activamente para ello. De momento, la Revista publica una primera información sobre el particular, preparada por la División de Prensa del CICR.

Un seminario de dos días, titulado «Derecho intemacional humanitario: su significación en el mundo moderno» y organizado conjuntamente por el fiscal del ejército indio, el CICR y la Cruz Roja de la India, tuvo lugar, del 28 al 29 de agosto de 1996, en Nueva Delhi; es el segundo seminario de la índole y el primero tuvo lugar en 1988.

El jefe del Estado Mayor del ejército indio, Shankar Roy Chowdhury, pronunció el discurso de apertura y presentó un nuevo folleto: el «Código de Conducta para los Combatientes».

Oficiales superiores de las fuerzas armadas indias, de los Departamentos de Operaciones y Jurídico, delegados del CICR y representantes de la Cruz Roja de la India disertaron sobre el derecho intemacional humanitario y los derechos humanos y su aplicabilidad en diferentes operaciones militares. Los participantes dijeron que es necesario aclarar el ámbito de aplicación de estas dos ramas del derecho, especialmente con respecto a los conflictos de poca intensidad.

La República de Lituania se adhirió, el 3 de octubre de 1996, a los Convenios de Ginebra de 1949, sin hacer ninguna declaración ni reserva.

De conformidad con sus disposiciones, los Convenios entrarán en vigor, para la República de Lituania, el 3 de abril de 1997.

Con esta adhesion asciende a 188 el número de Estados Partes en los Convenios de Ginebra.

La República Argentina, mediante su declaración del 11 de octubre de 1996, reconoce la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta, de conformidad con el artículo 90, párrafo 2, apartado a) del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I). Mediante esa declaración, la República de Argentina declara que reconoce ipso facto y sin acuerdo especial, con relatión a cualquier otra Alta Parte Contratante que acepte la misma obligación, la competencia de dicha Comisión para proceder a una investigación de las denuncias formuladas por otra Parte.

La República Argentina es el cuadragésimo noveno Estado que reconoce la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta.