Si confiamos en los cálculos realizados recientemente, más de dos millones de personas, aproximadamente, murieron a causa de la hambruna que afectó a Corea del Norte de 1997 a 1998. En 1997, las Naciones Unidas estimaron que 4,7 millones de norcoreanos corrían el riesgo de morir de hambre. La comunidad internacional respondió a esto prometiendo ayuda alimentaria. En junio de 1997, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja lanzó una solicitud de ayuda más amplia. En enero de 1998, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) hizo su llamamiento más importante, fijándose como objetivo colectar 380 millones de dolares EE.UU. para ayuda alimentaria, casi el doble de lo solicitado en 1997. Sin embargo, la comunidad internacional se topó con cierta resistencia al tratar de brindar ayuda a los norcoreanos desnutridos que corrían el riesgo de morir de hambre.

Algunos autores, en particular Hardcastle y Chua en el artículo que se publica en este número de la Revista, presentan argumentos para defender la existencia de un derecho jurídico international a la asistencia humanitaria o para destacar la necesidad de instituirlo cuanto antes.

La Federación International de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es uno de los principales proveedores de asistencia humanitaria a las víctimas de catástrofes naturales en el mundo, por medio de la labor de las Sociedades Nacionales y con el respaldo international que en ese sentido brinda la Federación. Las deliberaciones sobre la necesidad o la legitimidad de un derecho internacional a la asistencia motivaron la reflexión de la Federación acerca de diversas cuestiones fundamentales centradas en la prestación de la asistencia humanitaria en la actualidad, en situaciones que no son las del fragor de la batalla.

Cincuenta años después de que las Naciones Unidas proclamaran su ambiciosa Declaración Universal de Derechos Humanos, cualquier escóptico podría demostrar sin mayores dificultades que el compromiso de la comunidad internacional para con el documento es, en el mejor de los casos, superficial. La ineficacia de las Naciones Unidas para impedir el genocidio en Bosnia-Herzegovina y en Ruanda, agravada por su omisión de una exhaustiva autocrítica que le habría permitido aprender de la experiencia de la tragedia de Bosnia, ha dejado al descubierto la farsa.

A menudo, los conflictos modernos están rodeados de un vacío de comunicación, y ya es hora de que se haga algo al respecto.

Hoy, aquellos que participan en la guerra parecen tener menos deseos que nunca de hacerse oír y, las más de las veces, con razón. En esta época de la postguerra fría, a los beligerantes ya no les importa tanto como antaño lo que piense el resto del mundo. Ya no temen molestar o poner en un aprieto a sus patrocinadores; de hecho, en la mayoría de los casos, ya ni siquiera tienen patrocinadores, ni los necesitan. Ya no sueflan —como lo hacían tantos movimientos de liberación nacional hace algunos decenios— con pronunciar discursos ante las Naciones Unidas en Nueva York. A muchos de ellos no les preocupa en absoluto su imagen international, ni el mundo exterior.

En el derecho internacional humanitario no se aborda directamente el derecho a la información, pero puede ser útil poner de relieve algunos de sus elementos al examinar el derecho a la información en tiempo de conflicto armado.

Las imágenes secuenciales de divisiones, conflictos y sufrimientos se emplean profusamente hoy en día para calificar el continente africano. Incluso cuando no necesariamente reflejan tópicos afro-pesimistas, obvían, voluntaria o involuntariamente, las tradiciones seculares de respeto del ser humano y de sentimientos elevados de humanidad, afianzadas en todos los parajes del continente.

Veintiséis de julio de 1953. Un grupo de oponentes al régimen del general Fulgencio Batista, dirigido por Fidel Castro, intenta asaltar el cuartel de Montecada, en Santiago de Cuba, pero fracasa. Castro es capturado y condenado a quince años de cárcel. En mayo de 1955, se beneficia de una amnistía general; sale de Cuba y emigra a México.

Tras años de incesantes esfuerzos y cinco semanas de intensas y difíciles negociaciones, se aprobó el Estatuto del Tribunal Penal Internacional (TPI), presentado para su firma el 17 de julio de 1998 en Roma. Este acontecimiento histórico es un importante paso en la batalla contra la impunidad y hacia un mayor respecto del derecho internacional humanitario. Durante demasiado tiempo ha sido posible cometer atrocidades con total impunidad, lo que ha dado carta blanca a los criminales para que siguiesen cometiendo delitos. Está claro que el sistema de represión estipulado en el derecho internacional tiene sus deficiencias y que ha llegado el momento de adoptar nuevas normas y crear nuevas instituciones para garantizar el enjuiciamiento efectivo de los crímenes internacionales. Un tribunal penal, nacional o internacional, no detiene el crimen pero puede tener poder de disuasion y, por consiguiente, puede ayudar a disminuir el número de víctimas. Por lo tanto, bienvenidos sean los resultados logrados en Roma, con la esperanza de que el nuevo Tribunal pueda desempeñar su cometido sin restricciones.

Como protector de las víctimas de la guerra en todo el mundo, el Comité Intemacional de la Cruz Roja ha sido testigo de los cada vez más devastadores efectos de la proliferación de armamentos, particularmente de las armas ligeras, para la población civil. La mayoría de las organizaciones de socorro conoce muy bien las dificultades con que tropieza la ayuda humanitaria en un entorno en el que las armas están fácilmente al alcance de muchos sectores de la sociedad. Sin embargo, la relación entre la disponibilidad de las armas, el agravamiento de la situation de las personas civiles durante y tras los conflictos y los obstáculos que halla la asistencia humanitaria no se habia abordado directamente hasta hace poco tiempo.

Tras finalizar, el 3 de mayo de 1996, en Ginebra la primera Conferencia de Examen de la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales (CAC), el sentimiento de decepción era general, debido a que los Estados Partes no consiguieron alcanzar un consenso por lo que respecta a la adopción de eficaces medidas para combatir la plaga mundial de las minas terrestres. Las modificaciones introducidas en el Protocolo II de la CAC, el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II enmendado), fueron acogidas con gran satisfacción, pero no bastaban para prohibir totalmente estas armas; esta iniciativa fue respaldada entonces por más de 40 Estados. Deseosa de potenciar este impulso internacional, cuyo ritmo se habría enlentecido sin su apoyo, la delegación canadiense anunció que Canadá organizaría, a finales del año, una reunión de todos los Estados partidarios de la prohibición, con objeto de trazar una estrategia para orientar a la comunidad internacional hacia la proscripción mundial de las minas antipersonal.

Recientemente se ha puesto de manifiesto un sentimiento general de que las normas del derecho international humanitario relacionadas con la protección civil se han desatendido desde 1977 y que, transcurridos veinte años, ha llegado el momento de evaluar si estas disposiciones son suficientemente realistas y si conservan su validez. El propósito de las normas de la protección civil es claro, a saber, «atenuar las pérdidas, los daños y el sufrimiento que engendra en la población civil la dramética evolución de los metodos y médios de guerra». Pero, si la finalidad primaria de estas normas puede formularse en términos bastante sencillos, los medios para alcanzarla son naturalmente muchísimo más complejos, e incluso cada vez más, a causa de los crecientes efectos destructives de los métodos de guerra y de la naturaleza cambiante de los conflictos, lo que hace que aumente la proporción de civiles que mueren en ellos.Se ha reconocido, además, que las normas que rigen la protectión civil serían letra muerta si no se dieran a conocer a los destinatarios. Así pues, dado lo poco que se conocen esas normas, es necesario hacer un esfuerzo para difundirlas.

El CICR sigue su político, traditional de abordar confidencialmente a las partes en un conflicto, si considera necesario llamar su atención por lo que respecta a violaciones del derecho internacional humanitario o a otras situaciones inaceptables desde el punto de vista humanitario, así como de solicitor a los responsables que cambien el curso de los acontecimientos. Sin embargo, el CICR siempre mantiene la opcién de hacer declaraciones públicas acerca de una situatión de conflicto, si las circunstancias lo requieren; por ejemplo, cuando sus delegados comprueban problemas particularmente graves desde el punto de vista humanitario, que causan o agravan repetidas o persistentes violaciones de los principios humanitarios fundamentals.

La ley relativa a la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue promulgada el 4 de mayo de 1998. Esta ley es prácticamente idéntica a la del 10 de abril de 1995 sobre la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia. Ambas atañen a la ley sobre la mutua asistencia internacional en materia penal (BGB, I, 1537), que por analogía la hacen ampliamente aplicable.

De noviembre de 1998 a agosto de 1999, el Comité Intemacional de la Cruz Roja (CICR) recopilará testimonies de miles de personas en una docena de países que se han visto directamente afectados por conflictos armados. Se les preguntará qué opinan de los límites que en derecho intemacional se imponen a la guerra, y de qué manera podría mejorarse la aplicación de los Convenios de Ginebra y de otros tratados humanitarios. Los resultados se publicarán junto con los de una encuesta realizada paralelamente en países que viven en paz. Los relatos personales de los encuestados se difundirán en publicaciones, en los medios de comunicación y en un sitio Web interactivo. La finalidad del proyecto es informar a la gente en todo el mundo sobre las normas que ya existen para proteger a las personas en tiempos de guerra y fomentar debates sobre el derecho humanitario en el contexto del conflicto moderno.

La idea de una medalla con el nombre del fundador de la Cruz Roja Internacional, que más tarde se llamaría Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se presentó y aprobó, en un principio, en el Consejo de Delegados del centenario, el año 1963. Gracias a la generosidad de la Cruz Roja Australiana, la medalla pudo crearse definitivamente en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que se reunió en Viena, el año 1965. Las primeras medallas fueron adjudicadas en la Conferencia siguiente, en Estambul, el año 1969.

La Granada se adhiró, sin hacer ninguna declaración ni reserva, el 23 de septiembre de 1998, a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y no internacionales (Protocolo II), aprobados en Ginebra el 8 dejunio de 1977.

La Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta dispone ahora de un sitio Internet, cuya dirección es la siguiente: