El derecho internacional humanitario y los derechos humanos tienen un objetivo común: la protección de la persona humana y el respeto de su dignidad. No obstante, esas dos ramas del derecho international público son de índole y de origen distintos y han evolucionado de diferente forma.

Sin embargo, los cambios ocurridos en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, la irresistible escalada, estos últimos decenios, de la violencia y de la miseria y, por consecuencia, la necesidad de garantizar una mejor protección a las víctimas —cada vez más numerosas— de las violaciones de los derechos fundamentales de la persona humana han contribuido no solo al desarrollo sino también al acercamiento paulatino de ambos sistemas, «esas dos pobres muletas en las que las víctimas desarmadas deben apoyarse simultáneamente», segtún la expresión metafórica de Karel Vasak. Este experto llegó incluso a considerar, en 1984, que «el encuentro de los dos derechos… se ha convertido hoy en una verdadera interpenetración tanto en los textos… como, cada vez con más frecuencia, en su aplicación».

¿Cabe hablar de interpenetración de los dos derechos? Se trata más bien de similitudes y de influencias recíprocas. Varios acontecimientos marcaron la tendencia al acercamiento de ambos sistemas; la aprobación, en 1949, de los Convenios de Ginebra extendió, en cierto modo, los límites del derecho humanitario a los conflictos de índole no internacional.

El derecho internacional humanitario es considerado cada vez más como parte del derecho de los derechos humanos aplicable en los conflictos armados. Se puede seguir el rastro de esta tendencia hasta la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada en Teherán en 1968, que no solo impulsó el desarrollo del derecho humanitario en sí mismo, sino que marcó el inicio de un mayor uso del derecho humanitario por las Naciones Unidas al examinar la situación de los derechos humanos en determinados países o en el marco de sus estudios temáticos. La mayor conciencia de la importancia del derecho humanitario para la protección de las personas en los conflictos armados, junto con la creciente referenda a los derechos humanos en los asuntos internacionales, hace que las dos ramas del derecho tengan ahora mucha más relevancia internacional y que tanto las organizaciones internacionales como las no gubernamentales recurran a ambas con regularidad.

Sin embargo, dado que el derecho de los derechos humanos y el derecho humanitario tienen orígenes históricos completamente diferentes, su codificación ha seguido hasta hace muy poco caminos completamente distintos. Este documento tiene por objeto examinar la ‘filosofía’ de estas dos ramas del derecho a la luz de sus orígenes; cómo coinciden, con todo, en muchos aspectos esenciales; de qué manera han influido una en la otra últimamente y, por último, cómo sus similitudes y diferencias podrían determinar su uso en el futuro.

Los Gobiemos son los principales responsables de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario en tiempo de conflicto armado. En caso de conflicto armado no internacional, los Gobiernos y los grupos armados de la oposición tienen la obligación de respetar estas normas.

Las organizaciones internacionales pueden alentar a las partes implicadas en conflictos armados a respetar los derechos humanos y el derecho humanitario. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que desempeña, desde hace mucho tiempo, un papel preponderante en la tarea de velar por la aplicación del derecho humanitario durante los conflictos armados, también ha comenzado a hacer referencia al derecho de los derechos humanos en las situaciones de disturbios interiores o tensiones internas no cubiertas por el derecho internacional humanitario. La Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y otras varias organizaciones intergubernamentales han intentado en diversas oportunidades garantizar el respeto del derecho de los derechos humanos durante los conflictos armados, refiriéndose ocasionalmente en dichas tentativas al derecho humanitario. En sus decisiones, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha valido casi exclusivamente del derecho humanitario.

Las organizaciones internacionales no gubernamentales han reconocido que, durante los conflictos armados, pueden cometerse violaciones de los derechos humanos en sus respectivos ámbitos de incumbencia. Efectivamente, las violaciones graves de los derechos humanos, incluidos los malos tratos, las detenciones, las muertes arbitrarias, etc.

Dado que las violaciones de los derechos humanos preocupan cada vez más en todo el mundo, y como quienes cometen dichas violaciones no sólo son los Gobiernos y sus agentes sino todo tipo de partidos a distintos niveles, es primordial para una gran organización humanitaria como el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja centrar sus esfuerzos en combatir este mal. De no hacerlo, su imagen puede verse seriamente dañada y, lo que es mucho peor, significaría abandonar a los grupos y las comunidades más vulnerables.

El 19 de marzo de 1993, el señor René Felber, jefe del Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores, y el señor Cornelio Sommaruga, presidente del CICR, firmaron, en Berna, un acuerdo para determinar el estatuto jurídico del CICR en Suiza.

La firma del acuerdo tenía triple finalidad:

Para la Confederación Suiza se trataba de confirmar, mediante un documento jurídico, la independencia del CICR que, por lo demás, las autoridades federales siempre han respetado. Los objetivos de este acuerdo figuraban claramente en el informe del grupo de estudio, al que el Consejo Federal había encargado que examinara la evolución de la política exterior de Suiza:

«Las autoridades federales han de evitar toda confusión entre la política suiza y la actividad del Comité, así como entre la neutralidad de Suiza y la neutralidad humanitaria del CICR. Suiza no debe influir en las decisiones del Comité y ha de respetar la independencia de éste. Uno de los medios que permitiría poner de relieve este punto sería la firma de un acuerdo de sede con el CICR, en virtud del cual Suiza le confiera los privilegios e inmunidades habitualmente admitidos en derecho internacional público, a semejanza de las organizaciones internacionales establecidas en Ginebra»

El Consejo Federal reconoce la personalidad jurídica intemacional y la capacidad jurídica, en Suiza, del Comité Intemacional de la Cruz Roja (en adelante, Comité o CICR), cuyas funciones dimanan de los Convenios de Ginebra de 1949 y de los Protocolos adicionales de 1977, así como de los Estatutos del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Teniendo en cuenta el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados, en adelante el «Protocolo»,

Consciente de las competencias que se le reconocen tanto en materia de encuesta como de buenos oficios, a fin de obtener la observancia de los principios y normas del derecho international aplicable en los conflictos armados,

Convencida de la necesidad de emprender, si es necesario en cooperación con otros organismos internacionales, en particular con las Naciones Unidas, todas las iniciativas que sean apropiadas para llevar a cabo sus funciones en favor de las víctimas de los conflictos armados,

Actuando en virtud del artículo 90 del Protocolo,

El 31 de diciembre de 1992, la República de Bosnia-Herzegovina depositó ante el Gobierno suizo una declaración de sucesión a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y a sus Protocolos adicionales I y II del 8 de junio de 1977, que eran aplicables al territorio de Bosnia-Herzegovina en virtud de la ratificación de dichos instrumentos por la República Federativa Socialista de Yugoslavia el 21 de abril de 1950 y el 11 de junio de 1979, respectivamente, sin formular reserva alguna.

Según la práctica internacional, los cuatro Convenios y los dos Protocolos entraron en vigor para Bosnia-Herzegovina con efecto retroactivo la fecha de su independencia, es decir, el 6 de marzo de 1992.

La República de Bosnia-Herzegovina es el 175º Estado Parte en los Convenios de Ginebra, el 119º Estado Parte en el Protocolo I y el 109º en el Protocolo II.

En el instrumento figura, además, una declaración por la cual Bosnia-Herzegovina reconoce la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta, de conformidad con el artículo 90 del Protocolo I. Con la declaración de la República de Bosnia-Herzegovina asciende a 33 el número de Estados que han aceptado la competencia de esta Comisión.

El 12 de enero de 1993, la República de Tayikistán presentó una declaración de sucesión a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y a sus Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977, que eran aplicables en el territorio de Tayikistán en virtud de la ratificación de dichos instrumentos por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el 10 de mayo de 1954 y el 29 de septiembre de 1989, respectivamente, sin pronunciarse sobre las reservas y la declaración formuladas, en su día, por la Unión Soviética ni formular nuevas reservas o declaraciones.

Esta declaración de sucesión suite efectos desde el 21 de diciembre de 1991, fecha de la firma de la Declaración de Alma-Ata, por la cual se creó la Comunidad ampliada de Estados Independientes.

La República de Estonia se adhirió, el 18 de enero de 1993, a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y a sus Protocolos adicionales.

Estos instrumentos entrarán en vigor, para la República de Estonia, el 18 de julio de 1993.

La República de Estonia es el 176º Estado Parte en los Convenios de Ginebra, el 120º Estado Parte en el Protocolo I y el 110º en el Protocolo II.

El 5 de febrero de 1993, la República Checa depositó una declaración de sucesión a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y a sus Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977. Dicha declaración contenía las reservas formuladas anteriormente por Checoslovaquia por lo que respecta a los Convenios.

Esta declaración de sucesión surte efectos desde el 1 de enero de 1993, fecha de la indepencia de la República Checa.

La República Helénica se adhirió, el 15 de febrero de 1993, al Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales, aprobado en Ginebra el 8 de junio de 1977.

De conformidad con sus disposiciones, el Protocolo II entrará en vigor, para la República Helénica, el 15 de agosto de 1993.