La Corte lnternacional de Justicia, tras solicited de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dio una Opinión consultiva con respecto a la licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares. Algunos comentaristas la califican como una de las resoluciones más importantes de su historia. La resolución fue aprobada tras largos debates y el apartado E del párrafo 2 de su parte dispositiva solo pudo refrendarse, por siete votos a favor y siete en contra, gracias al voto de calidad del presidente. Todos los miembros de la Corte consideraban necesario adjuntar a la Opinión una declaración o dictamen individual o disidente para aclarar la respectiva posición por lo que atañe a la cuestión planteada por la Asamblea General.

Hay cuestiones que es preferible no plantear: la licitud del empleo de armas nucleares en la guerra no es una de ellas.

Con la aparición y el desarrollo del arma nuclear, comienza una etapa en la historia de considerable importancia: por primera vez, el hombre dispone de medios que ponen en peligro la supervivencia de la humanidad. Su empleo en Hiroshima y Nagasaki causó un profundo choque moral y modificó la problemática de la guerra. El CICR comprendió inmediatamente el alcance de estos acontecimientos y, con el deseo de compartir las preocupaciones de la Institución, el entonces presidente del CICR, Max Huber, dirigió una circular a las Sociedades Nacionales el 5 de septiembre de 1945, es decir, menos de un mes después de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki.

1. Es fácil impugnar la opinión consultiva emitida, el 8 de julio de 1996, por la Corte Internacional de Justicia sobre la licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares. No se necesita un gran esfuerzo de reflexión para ello: basta elegir entre las muchísimas críticas —por lo general muy duras— que pueden leerse en las declaraciones y los dictámenes (individuales o disidentes) que todos y cada uno de los catorce jueces presentes formularon, sea que estuvieran de acuerdo con la parte dispositiva en su totalidad sea que votasen en contra de uno u otro párrafo.

Por lo demás, hay motivos suficientes como para sentirse algo desorientados cuando se examinan los dictámenes de los jueces con respecto al fondo de la cuestión planteada por la Asamblea General, así como cuando tratamos de relacionar dichos dictámenes con el título del documento que cada uno de ellos eligió (declaración, dictamen individual, dictamen disidente), así como con el voto emitido.

1. A la vista de las 51 opiniones de la Corte de La Haya (28 de la Corte Permanente de Justicia Internacional y 23 de la Corte Internacional de Justicia), pocas dudas caben de que las dos opiniones del 8 de julio de 1996, tras solicitud de la Asamblea Mundial de Salud de la OMS y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, son hitos en la historia de la Corte, si no sencillamente en la historia.

Nunca se había solicitado a la Corte zanjar un problema jurídico situado en el meollo de las relaciones internacionales de los últimos 50 años y que supone, como dijo el vicepresidente señor Schwebel, «a titanic tension between practice and legal principle». Tarea delicada e ingrata porque, sobre la base del problema particular de la legalidad del empleo o de la amenaza del empleo de armas nucleares, la Corte había de pronunciarse sobre la validez de un comportamiento que, por haber sido hipotético, desde lo de Hiroshima y Nagasaki, no deja de ser el fundamento de la política de defensa de las más grandes Potencias del planeta.

Es la primera vez que se ha pedido a los jueces de la Corte que, mediante una Opinión consultiva, examinen de modo bastante pormenorizado normas de derecho internacional humanitario. Otros casos, por ejemplo el de Nicaragua, no habían exigido un análisis tan a fondo. La Opinión consultiva, por consiguiente, tiene particular intéres porque contiene varias observaciones importantes sobre la índole consuetudinaria de muchas normas de derecho internacional así como dictámenes interesantes con respecto a la interpretación de estas normas y a su relación con otras. La mayoría de los jueces basó su decisión final con respecto a la licitud o no de la amenaza o del empleo de armas nucleares en interpretaciones teolúgicas del derecho, considerando el derecho a la defensa propia como el valor fundamental o la supervivencia de la civilización y el planeta en su conjunto como primordial. Lamentablemente, el espacio no nos permite comentar estos importantísimos análisis de las bases del derecho humanitario y su finalidad en el orden internacional.

La opinión consultiva emitida el 8 de julio de 1996 por la Corte Internacional de Justicia sobre la «licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares» incluye varios elementos de gran interés desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, puesto que al derecho humanitario, que se ha desarrollado grandemente después de la Segunda Guerra Mundial, siempre le nan faltado disposiciones expresas por lo que atañe a las armas nucleares.

Aunque el problema de las armas nucleares fue debatido durante largo tiempo en los órganos de las Naciones Unidas y en la Comisión de Desarme de Ginebra, que después pasaría a llamarse Conferencia de Desarme, los trabajos para la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario y, más específicamente, la Conferencia de Ginebra de 1949 para elaborar los cuatro Convenios y la Conferencia de 1974–1977 para elaborar los Protocolos adicionales siempre evitaron dicho tema.

La solicited presentada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 49/75K (1994), a la Corte Internacional de Justicia para que ésta emitiera una opinión consultiva sobre la cuestión siguente: «¿autoriza el derecho internacional en alguna circunstancia la amenaza o el empleo de armas nucleares?», brindó a la Corte una oportunidad inusitada de examinar los principios del derecho internacional humanitario, oportunidad que la Corte hubiese preferido quizás no tener. En verdad, la pregunta está mal planteada y son bien poco convincentes las razones aducidas para hacerla. En particular, la índole forzosamente abstracta de la cuestión colocó a la Corte en una postura excepcionalmente delicada, ya que no le era posible repasar todas las combinaciones de circunstancias en las que se podría emplear armas nucleares o recurrir a la amenaza de emplearlas.

La Opinión consultiva formulada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con respecto a la licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares es una decisión algo desconcertante e inesperada. Después del último párrafo, que es la parte dispositiva, los catorce jueces añaden declaraciones personales, dictámenes individuals o dictámenes disidentes para indicar hasta qué punto están o no de acuerdo con conclusiones y aspectos concretos del razonamiento en que se basa la Opinión.

Por fin, el ocho de julio de 1996, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió su Opinión consultiva sobre la licitud del empleo y de la amenaza de empleo de armas nucleares. El procedimiento fue demorándose desde el comienzo de la vista pública, el 30 de octubre de 1995; repetidas veces se anunció un plazo para la resolución, que después no se cumplió. Por ello, hasta el último momento cabía temer que no se lograra una mayoría que confirmara la ilegalidad fundamental del empleo de armas nucleares, lo que habría sido un duro golpe para los impulsores del procedimiento de Opinión consultiva y, en general para el desarrollo del derecho internacional.

En mayo de 1992, varias ONG, emprendieron en Ginebra una campana internacional denominada «World Court Project».

Se sometieron a la Corte Internacional de Justicia dos solicitudes de Opinión consultiva —la primera procedente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la segunda de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La OMS planteó la pregunta siguiente: «En vista de sus efectos para la salud y el medio ambiente, ¿puede considerarse el empleo de las armas nucleares por un Estado en guerra u otro conflicto armado un incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el derecho Internacional, incluida la Carta de la OMS? La Corte estatuyó por once votos a favor y tres en contra (dictámenes disidentes de los jueces Shahabuddeen, Weeramantry y Koroma) que no podía emitir la Opinión consultiva solicitada por la OMS.

Por primera vez, la Corte Internacional de Justicia analizó con cierto detenimiento el derecho internacional humanitario que rige el empleo de armas. Nos fue grato comprobar la reafirmación de algunas normas que la Corte definió como inquebrantables, en particular la prohibitión absoluta del empleo de armas de efectos indiscriminados, así como la prohibitión del empleo de armas que pueden causar sufrimientos innecesarios. También celebramos que la Corte haya puesto de relieve que el derecho humanitario se aplica a todas las armas sin exceptión, incluidas las nuevas. En ese contexto, deseamos destacar que no hay exceptión alguna a la aplicación de esas normas, cualesquiera que sean las circunstancias. El derecho international humanitario es per se la última barrera contra la barbarie y el horror que engendra, con demasiado facilidad, la guerra y además se aplica uniformemente a todas las partes en un conflicto en todas las circunstancias.