Hace veinte años, el 10 de junio de 1977, los plenipotenciarios de más de cien Estados y de varios movimientos de liberación nacional firmaron en Ginebra el Acta Final de la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, que había convocado el Gobierno de Suiza, Estado depositario de los Convenios de Ginebra. Tras cuatro períodos de sesiones, de 1973 a 1977, precedidos de un trabajo preparatorio de varios años, se elaboraron en ella dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), respectivamente.

Actualmente, 148 Estados son Partes en el Protocolo I y 140 en el Protocolo II. Estos dos tratados son un importante desarrollo del derecho internacional humanitario y obligan a casi tres cuartas partes de los Estados del mundo. Los conflictos recientes demuestran patentemente que los Estados pueden verse implicados, en cualquier momento, en una situation en la que son aplicables esos textos convencionales.

La aprobación de los Protocolos se inscribe en el prolongado esfuerzo por proteger mejor a la persona humana en los conflictos armados. Así nacieron los Convenios de Ginebra en sus sucesivas versiones de 1864, 1906, 1929 y 1949, que han constituido una inestimable salvaguardia para tantos seres humanos.

Nuestro planeta tiene actualmente cinco mil millones de habitantes. En 1863, año de la fundación de la Cruz Roja, y en el que se realizaron los primeros esfuerzos de codificación del derecho en los conflictos armados, tenía mil millones. Durante casi un siglo, la Cruz Roja ha fijado, sucesivamente, su atención en los militares heridos en combate, en las víctimas de los enfrentamientos navales, en los prisioneros de guerra y en las personas civiles abandonadas —en tiempo de guerra— a la arbitrariedad de una soberania extranjera.

Hoy en día, y sin negar lo que se ha hecho hasta ahora, lo importante es tener una visión diferente, que vaya más allá de ese horizonte y que tenga en cuenta a otras víctimas, las de los conflictos actuates, y también a las víctimas potenciales de los futures conflictos, la población civil. Ello no puede hacerse sin preocuparse igualmente por el comportamiento de los que combaten. Las armas proliferan, mientras que las opiniones divergentes se arraigan y los conflictos armados limitados se multiplican y se prolongan, a menudo, sin perspectivas de solución.

Ante los miles de millones que se gastan anualmente en armas, por una parte, y los millones de seres humanos, por otra, sólo nos queda velar por que se evite la hemorragia y se limiten los efectos. Este es el reto de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra.

Con la aprobación, el 8 de junio de 1977, de los dos Protocolos adicionales a los Convenios de 1949, los Estados reunidos en Ginebra ponían fin positivamente a cuatro años de arduas negociaciones. Cuatro años para los Protocolos; cuatro meses para los Convenios. ¿Por qué esa diferencia tan palmaria?

En 1949, tras el período inicial de rechazo absoluto de todo lo que recordara a la guerra, se llegó de manera natural a un consenso sobre los principales males que había que prohibir mediante el derecho. Además, el delicado ámbito de las normas de conducción de las hostilidades —el derecho de «La Haya»—, también parte integrante del derecho humanitario, fue excluido de los debates. Se trataba de una época caracterizada, asimismo, por un mapa político universal bastante monolítico. El Norte seguía dominando al Sur; y la tensión entre el Este y el Oeste no se había exacerbado.

El lanzamiento de los Protocolos se produjo en un entorno muy distinto. El Tercer Mundo se había rebelado contra el orden existente. Había comenzado el proceso de descolonización. Los bloques «capitalista» y «socialista» estaban confrontados. La penosa guerra de Vietnam lo ilustra, tanto en lo político como por lo que respecta a los estragos causados por las armas (sobre todo, por los bobardeos masivos, las torturas y las ejecuciones sumarias). Esta dialéctica ideologico-política se observaba en el enfrentamiento entre la defensa de los intereses de la persona y los de la colectividad.

La Revista solició a varias personas que participaron en el proceso de codificación que comentaran los Protocolos de 1977 y su historia, así como los principales obstáculos con que se tropezó para su aprobación. Les pidió asimismo que respondieran a una pregunta decisiva: «¿qué importancia tienen actualmente los Protocolos?»

Publicamos los artículos recibidos en el orden alfabético de los apellidos de los autores:

George H. Aldrich

Igor P. Blishchenko

Yoram Dinstein

Dieter Fleck

Konstantin Obradovic

No todos los lectores compartirán las opiniones expresadas en las siguientes contribuciones, lo que es comprensible. En efecto, desde su aprobación, algunos aspectos de los Protocolos adicionales de 1977 han sido objeto de animados debates y hasta de apasionadas controversias.

Mi opinión acerca de las negociaciones de los Protocolos de 1977 figura ya en una contribución que nice, hace 13 años, para el libro publicado en honor de Jean Pictet, y no la repetiré aquí. Sin embargo, teniendo en cuenta de los años transcurridos desde entonces, puede ser útil añadir algunos comentarios.

Aunque en aquel artículo examiné la eventual capacidad de los medios informativos, especialmente de la televisión, para sensibilizar, cuanto menos, a la opinión pública occidental y, por su mediación, a los Gobiernos occidentales, ante las crueles realidades de la guerra y a la imperiosa necesidad de mejorar tanto el derecho en este ámbito como su observancia, ahora pienso que subestimé el poder de la televisión. La cobertura televisiva de los últimos acontecimientos en ex Yugoslavia y en varias regiones de África influyó, sin duda, muchísimo en las decisiones políticas occidentales, tanto por lo que respecta a la intervención militar como a las sanciones por inobservancia del derecho. La constitución de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda sería inconcebible sin la previa y constante cobertura televisiva de las atrocidades acaecidas. Ha bastado lograr esta sensibilización para que las Naciones Unidas examinen seriamente la posibilidad de establecer un tribunal penal permanente, algo para lo cual, cuando negociamos los Protocolos, hubiera creído que tendríamos que esperar otro siglo.

La aprobación, en 1977, de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra es un acontecimiento de gran significación histórica. A causa de los desarrollos de las armas, los Estados estaban convencidos de que era necesario aprobar nuevas normas de conducta en los conflictos armados: se perfeccionaban los métodos de empleo de las armas convencionales que causaban casi el mismo número de víctimas que las armas de destrucción masiva, afectando a todos sin excepción, causando estragos en el medio ambiente y, consiguientemente, poniendo en peligro la supervivencia de países enteros. Así pues, los Estados decidieron consensuar nuevas normas de conducta en caso de conflicto armado.

1. El mayor éxito de la Conferencia Diplomática de 1974–1977 para la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados fue la aprobación del Protocolo adicional II relativo a las conflictos armados no internacionales. Las guerras civiles suelen ser las más cruentas y devastadoras, pues las partes en el conflicto tratan de obtener ventajas a toda costa. Casi por primera vez en la historia de las relaciones internacionales, lo que podía parecer una cuestión de orden interno fue objeto de un acuerdo internacional, según el cual las partes en un conflicto en el territorio de un Estado tienen la obligación de aplicar el derecho internacional.

El Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 es un producto de mediados de los años setenta. Refleja el espíritu de la época que predominaba entonces: la mentalidad de confrontación de la guerra fría; el desafío a Occidente por parte de un «Tercer Mundo» repentinamente asertivo y temporalmente unido; las tendencias de una mayoría inamovible en organizaciones y foros internacionales, intolerante frente a las opiniones discrepantes de una gran minoría influyente; y el cínico sacrificio del sentido común (y del derecho bien fundado) en aras de la conveniencia política.

Muchos de los entonces expertos en derecho internacional humanitario, habiendo dedicado mucha energía a elaborar trabajosamente el texto del Protocolo, antes y después de las difíciles sesiones de la Conferencia Diplomática de los años 1974–1977, se engañaban a sí mismos creyendo que el proceso de elaboración de leyes había concluido finalmente y que todo el mundo viviría feliz con los resultados. Evidentemente, era un cuento de hadas. Por regla general, los cuentos de hadas finalizan con las alentadoras palabras, «los protagonistas vivieron felices». Pero, la vida real comienza precisamente donde termina el cuento de hadas. La cuestión fundamental es saber cómo los protagonistas consiguen vivir tras los festejos. En las relaciones internacionales, el aspecto clave de la elaboración de tratados es la aplicación. Y, desde el punto de vista de la aplicación, evaluada a la luz de veinte años de experiencia, es evidente que el Protocolo ha sido un fracaso.

En muchos conflictos armados, no han sido aplicables los Protocolos adicionales de 1977 a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, aprobados tras un complejo proceso de trabajos preparatories y negociaciones en varios foros. Sin embargo, no sería apropiado decir que no han aprobado el examen de la realidad. Uno de los efectos más importantes de estos instrumentos ha sido la profusión del número de expertos sobre el particular en todo el mundo, que comparten conocimientos acerca de la interpretación de importantes normas y enfrentándose al reto de la aplicación de las mismas.

Como joven abogado, designado para participar en las conferencias de expertos gubernamentales —las primeras fueron convocadas, el año 1971, en Ginebra— acerca de la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, me fascinó la oportunidad única de contribuir a un proceso de elaboratión de tratados acerca de un tema de índole muy política y que había sido tratado antes de las dos guerras mundiales, en 1907. De hecho, se aprobaron importantes convenios de índole humanitaria en 1929, 1949 y 1954, pero el valiente enfoque de las Conferencias de Paz de La Haya de 1899 y de 1907 pronto fue víctima de la Primera Guerra Mundial y, durante la guerra fría, después de 1956, no avanzaron los serios esfuerzos desplegados para compaginar el «derecho de La Haya» con el «derecho de Ginebra».

Respondo, con cierta desazón, al llamamiento que hizo la Revista a los «antiguos combatientes» de la Conferencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho intemacional humanitario aplicable en los conflictos armados (en adelante, Conferencia Diplomática) para conmemorar el vigésimo aniversario de la firma de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra. Quienes colaboramos de diferentes maneras en la redacción de estos textos, sentimos un gran alivio cuando, el 8 de junio de 1977, terminamos nuestra labor y, al mismo tiempo, una especie de júbilo por haber realizado una importante acción en beneficio de las víctimas de la guerra. Pues, gracias a los dos Protocolos adicionales, el nuevo derecho de los conflictos armados ha hecho grandes progresos. No hay que olvidar que, actualmente, casi dos tercios de la comunidad intenacional han ratificado estos textos. Sin embargo, la aplicación de sus disposiciones deja, desafortunadamente, mucho que desear. Dudo que para demostrar lo bien fundado de esta afirmación, sea necesario evocar los penosos conflictos que han tenido lugar durante los últimos veinte años. El caso que conozco mejor es el de las «guerras yugoslavas» (1991–1995). De hecho, es el ejemplo más patente del desfase entre el derecho y su aplicación. Lo que más preocupa es que todo esto ocurre hoy cuando, después de la desaparición del «universo totalitario», ya no queda prácticamente sino un único «centro de potencia».

Al término de la Conferencia Diplomótica sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario, los representantes de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 aprobaron, el 8 de junio de 1977, dos Protocolos adicionales a esos Convenios. Tras un período de preparatión e intensas negociaciones, que duraron casi una década, los nuevos tratados humanitarios fueron aceptados por los plenipotenciarios sin votación ni oposiciones, a pesar de los considerables obstáculos que tuvieron que superarse. Aunque las soluciones dadas a problemas especialmente polémicos no podrían satisfacer siempre todos los intereses, los diplomáticos, los asesores jurídicos y los expertos militares tenían muchos motivos para regresar satisfechos a sus respectivas capitales.

Sin embargo, tras la clausura de la Conferencia había que abordar la etapa de la firma y la ratificación de los textos (o la adhesión a ellos) por los Estados. Es decir, era menester que los Estados aceptaran como era debido las nuevas obligaciones codificadas por los dos Protocolos adicionales y que se comprometieran a respetarlos, tanto en tiempo de paz como en período de conflicto armado.

Algunos han acusado a Francisco Suárez, «príncipe de los juristas modernos», de ser un gran antimonárquico, incluso de ser el primer regicida, por ser el primer «convicto y confeso republicano».

Encuadró ontología, metafísica y teodicea del platonismo y del aristotelismo, del agustinismo y del tomismo en el derecho; hizo que, en jurisprudencia, el mundo de las ideas entrase en el mundo de las cosas; su explicación del derecho es válida para sus días y para todas las épocas.

Tratando cuestiones abstractas, desarrolló una filosofía del derecho aplicable a situaciones concretas.

Enseñó en la cátedra y consignó en su obra escrita que el derecho ha de ser la ciencia de la libertad; ciencia inexacta, pues, a caballo entre la individualidad (ego) y la colectividad (ens sociabilis), que no debe confundirse con la moral personal ni con la opinión pública. Hay, en todo ser humano normalmente constituido, una conciencia del derecho: los individuos son metafísicamente iguales, en la practica no; a cualidad igual corresponde cantidad mayor o menor, distinta proporción. El derecho es la ley del bien y del orden, de la razón y de la verdad que, por lo tanto, siempre se fundamenta en un juicio subjetivo de alguien que nunca es infalible.

La aparente vigencia plurisecular de las expresiones ius ad bellum/ius in bello, favorecida por los espejismos de la augusta solemnidad del latín, es engañosa. En realidad, no aparecen sino en la época de la Sociedad de las Naciones, y se imponen como tópico en la doctrina y en la práctica sólo después de la Segunda Guerra Mundial, más precisamente en las postrimerías de la década de los 40. A continuatión se explica su advenimiento.

Decididos a poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por las minas antipersonal, que matan o mutilan a cientos de personas cada semana, en su mayor parte civiles inocentes e indefensos, especialmente niños, obstruyen el desarrollo económico y la reconstrucción, inhíben la repatriatión de refugiados y de personas desplazadas internamente, además de ocasionar otras severas consecuencias muchos años después de su emplazamiento,

Creyendo necesario hacer sus mejores esfuerzos para contribuir de manera eficiente y coordinada a enfrentar el desafío de la remoción de minas antipersonal colocadas en todo el mundo, y a garantizar su destrucción,

Deseando realizar sus mejores esfuerzos en la prestación de asistencia para el cuidado y rehabilitatión de las víctimas de minas, incluidas su reintegración social y económica,

Reconociendo que una prohibición total de minas antipersonal sería también una importante medida de fomento de la confianza,

a) Libros y artículos

G. Abi-Saab, «Wars of National Liberation in the Geneva Conventions and Protocols» (Guerras de liberación nacional en los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales), Recueil des Cours de l'Académic de droit international 165, 1979–IV, pp. 353–445.

G. Aldrich, «New life for the laws of war», American Journal of International Law, Vol. 75, 1981, pp. 764–783.

M. Arrassen, Conduite des hostilités, droit des conflits armés et désarmement (Conducción de las hostilidades, derecho de los conflictos armados y desarme), Bruylant, Bruselas, 1986.

La República Libanesa se adhirió, sin hacer ninguna declaratión nireserva, el 23 de julio de 1997, a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la protectión de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y no internacionales (Protocolo II), aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1977.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entrarán en vigor, para la República Libanesa, el 23 de enero de 1998.

Con esta adhesión asciende a 148 el número de Estados Partes en el Protocolo I y a 140 el de Estados Partes en el Protocolo II.

La República de Tayikistán, mediante su declaración del 10 de septiembre de 1997, reconoce la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta, de conformidad con el artículo 90, párrafo 2, apartado a) del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protectión de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I). Mediante esa declaración, la República de Tayikistán declara que reconoce ipso facto y sin acuerdo especial, con relatión a cualquier otra Alta Parte Contratante que acepte la misma obligatión, la competencia de dicha Comisión para proceder a una investigatión de las denuncias formuladas por otra Parte.

El Comité de Derecho Internacional de la Cruz Roja Danesa presenta un informe sobre la aplicación del derecho internacional humanitario por Dinamarca en tiempo de paz. En él se examina detenidamente la situación actual y se formulan 23 recomendaciones en pos de posibles mejoras. La finalidad de este informe es propiciar un amplio debate que se espera dé un nuevo impulso para una mejor observancia, por Dinamarca, de las obligaciones dimanantes del derecho internacional humanitario.

El informe consta de cuatro partes. En la primera parte, se hace una reseña histórica del derecho internacional humanitario y un resumen de las medidas de aplicación en seis diferentes Estados: Suecia, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Alemania y Estados Unidos. Se examinan, asimismo, cinco ámbitos: enjuiciamiento por crímenes de guerra, definición de «combatiente», protección de la población civil, métodos y medios de hacer la guerra y difusión del derecho internacional humanitario. En la segunda, se abordan el proceso y las medidas concretas de aplicación en Dinamarca. En la tercera parte, figuran las conclusiones y recomendaciones, un resumen en inglés y un glosario. En la cuarta parte, hay varios anexos, que completan el texto de las tres primeras partes.