La existencia de un dictamen o «determinación» de los doctores hermanos Coronel en relación con una consulta formulada a principios del siglo XVI por los mercaderes españoles residentes en Flandes sobre «cambios y otras formas de comprar y vender» fue dada indirectamente a conocer en nuestros días por Jean-Albert Goris, al publicar en 1925 su muy interesante estudio sobre las colonias mercantiles meridionales en Amberes durante el período situado entre finales del siglo XV y mediados del XVI, trabajo que tuvo pronto una amplia difusión entre los estudiosos de la historia económica.

Aunque, como luego se verá, resulta difícil cuantificar ese hecho, parece indudable que en el siglo XVII la población de la España peninsular en su conjunto creció muy poco o incluso disminuyó. Abonan esa opinión los estudios de demografía local, los trabajos de síntesis que se han hecho hasta ahora, la situación crítica que atravesó la economía española durante esa centuria, los testimonios de los coetáneos y, sobre todo, los datos que tenemos sobre la población en torno a los años de 1600 y de 1700.

A lo largo del siglo XVIII y primer tercio del siglo XIX ninguna crisis de subsistencias fue tan violenta como la que se padeció entre 1802 y 1806. Gonzalo Anes remarcó, hace ya bastantes años, este carácter excepcional en la coyuntura crítica vivida poco antes del inicio de la Guerra de la Independencia. Vicente Pérez Moreda situó sus consecuencias catastróficas, por el crecimiento de la mortalidad, al mismo nivel que las creadas por la epidemia de peste de finales del siglo XVI, verdadero hito negativo de la población castellana a lo largo del Antiguo Régimen. Con estas premisas, analizar esta crisis en una zona geográfica determinada y representativa y conocer el posible grado de especulación en su desarrollo no deja de ser interesante. La evolución de los precios del trigo, por la importancia en la dieta del consumo del pan, es un indicador útil a la hora de adentrarse en esta problemática, como ya señaló Labrousse. Pero no es el único. Gonzalo Anes demostró las posibilidades que en este sentido tiene su utilización en la España del Antiguo Régimen.

Las dificultades que existían para determinar la producción agraria a nivel nacional, en el siglo XIX, son bien conocidas. La poca fiabilidad del diezmo en muchas zonas del país después de la Guerra de la Independencia, y la falta de un catastro o de buenas informaciones del tamaño de la superficie cultivada, hicieron casi imposible la tarea de los economistas y agrónomos durante la mayor parte del siglo XIX para calcular cifras razonables de la producción. Por tanto, será muy difícil obtener hoy día un índice, bien con datos de los archivos o bien por métodos estadísticos indirectos, que muestre las fluctuaciones a corto plazo y que tenga un nivel de fiabilidad suficientemente alto para ser útil. No obstante, para obtener una aproximación de las transformaciones de la economía española a largo plazo, es necesario saber algo de los ritmos de cambio en el sector agrario. El historiador tiene dos posibilidades: utilizar fuentes como las estimaciones de producción que se encuentran en el Censo de Frutos y Manufacturas o las de la Junta Consultiva Agronómica (JCA) y Sodila, o recurrir a otros indicadores, como los cambios en la renta per capita o el consumo de alimentos, como aproximaciones.

La construcción de edificios es, con toda seguridad, la más importante de las actividades industriales aún no estudiadas por los historiadores de la economía española decimonónica. Hay razones que explican ese olvido, si no lo justifican. En ningún caso histórico, el crecimiento económico ha dependido del desarrollo de este sector, calificado con acierto por algún autor como el «furgón de cola» de la revolución industrial. Admitido que en el análisis del pasado económico resulta prioritario esclarecer los aspectos cruciales del proceso de modernización, era lógico postergar el estudio de la construcción residencial. Pero una vez se ha alcanzado un conocimiento suficientemente sólido acerca de cómo se desenvolvieron en España las ramas estratégicas en la industrialización (textil, siderurgia, química, metalmecánica, etc.) y cuando disponemos incluso de una visión panorámica sobre las transformaciones acaecidas en la principal parte de la estructura industrial —la «fabril»—, además de contar con un buen índice de la producción industrial, es conveniente estudiar tal industria.

La gran ola de migraciones europeas y asiáticas que siguió a la abolición de la esclavitud en 1888 llevó hasta Brasil a unos cinco millones de inmigrantes nacidos en el extranjero. En este masivo movimiento migratorio, los inmigrantes españoles tuvieron un papel decisivo. Los tres cuartos de millón de españoles que fueron a Brasil en los setenta años comprendidos entre 1880 a 1950, participaron de forma notable en la expansión de la economía cafetera brasileña y, posteriormente, en la construcción de una gran economía urbana y agrícola en el Estado de São Paulo. Los españoles eran los terceros en importancia, tras italianos y portugueses, en toda la nación, pero debido a su concentración en São Paulo ocupaban el segundo lugar en este fundamental Estado. El ritmo de esta inmigración, como el de la italiana, estuvo del todo ligado a la demanda de mano de obra agrícola no especializada para los campos de café en expansión del planalto occidental, en el hinterland de la ciudad de Sao Paulo. Con la deserción en masa de los 150.000 esclavos de las fazendas cafeteras paulistas, en proceso de ampliación, los fazenderos forzaron al Estado a iniciar la subvención de inmigrantes foráneos, una labor que el gobierno federal acometió en los años siguientes, y que no se interrumpió hasta 1926.

Cualquiera que haya leído los muy elogiosos comentarios de E. Llopis a mi libro se debe extrañar de que esa recensión reciba ahora una contraréplica por mi parte. Vaya por delante mi agradecimiento a Enriques Llopis por el ánimo que eso da y la obligada justificación de estas líneas, que no van dirigidas a los lectores del libro, sino a quienes lo consulten por partes o se queden en los comentarios aparecidos en esta Revista: pese a su esfuerzo de comprensión y síntesis, se me atribuyen posturas que, en conjunto, no he tomado. Creo —si se me permite la presunción, porque va en parte de «presunciones»— que el comentarista, una vez conocidos mis argumentos, los ha confundido y, atribuyéndome a mí las verdades a medias, utiliza él alguna verdad al completo para discrepar de supuestas conclusiones mías. A ello se llega sacando frases de contextos, asignándose suposiciones o sugerencias implícitas, o presentando algunas de mis ideas en su clave más radical, todo bien mezclado con razonamientos puramente hipotéticos y con futuribles no contrastados que revela el propio tono de los «debería», «tuvo que» y «habría» con que se expresan.

Del 20 al 22 de octubre pasado se celebraron en Buenos Aires las IX Jornadas Nacionales de Historia Económica, organizadas por el Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social (IIHES) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Historia Económica. El Comité organizador lo constituyeron Mario Rapoport (Director del IIHES), Jorge Gilbert, Eduardo Azcuy Ameghino, Mercedes Avogadro y Lidia Knecher. El marco de las Jornadas fue la celebración del 75 aniversario de la creación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se presentaron 51 ponencias; se pronunciaron varias conferencias a cargo de Juan Hernández Andreu (conferencia inaugural), Aldo Ferrer, Manuel Burga y Roberto Cortés Conde; y se desarrollaron «paneles» o sesiones de debate entre especialistas sobre: «Producción y relaciones sociales en el Virreinato del Río de la Plata», «¿Integración o desintegración?: Las economías regionales en los siglos XIX y XX» y «¿Economía agroexportadora o industrialización?: La inserción de Argentina y Brasil en la economía mundial de entreguerras».