A lo largo de la historia, las grandes civilizaciones no han podido abolir la guerra; pero, al menos, se han esforzado por establecer ciertas normas de conducta a fin de aliviar los sufrimientos que causa. Así, los griegos prohibieron el empleo de armas envenenadas y la contaminación de manantiales. Los romanos nos transmitieron el adagio Hostes dum vulnerati fratres: el enemigo, si está herido, es nuestro hermano. Del judaísmo y de la cristiandad quedan también mensajes de compasión y de misericordia. En la India, el poema épico Mahabharata nos revela que estaba prohibido ensañarse en el enemigo vencido o fuera de combate y matar a mujeres, ancianos y niños. En el Corá de la civilización islámica, se condena el ataque a los no beligerantes, así como el empleo de medidas excesivas contra el enemigo, como el fuego y la inundación.

El derecho y la guerra no casan bien, sobre todo después de la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, y esperamos que el primero prevalezca definitivamente sobre la segunda. El secretario general de las Naciones Unidas, que ha tenido la amabilidad de dirigir un mensaje a la Revista con motivo de la publicación de su número dedicado a la prohibición o a la limitación del empleo de ciertas armas, nos recuerda que, a pesar de todo, el derecho no ha vencido completamente la guerra y que todavía queda todo por hacer para insertarlo en ella: desafortunadamente la guerra, y, por ende, el derecho de la guerra, siguen siendo de candente actualidad. (Véase p. 503).

Huelga decir que los progresos técnicos no sólo contribuyen al bienestar de la humanidad porque permiten, asimismo, la producción de armas más perfeccionadas y, por consiguiente, más mortíferas. Intentar prohibir o limitar el empleo de algunas de ellas sobre la base de acuerdos internacionales tropieza con grandes obstáculos. Cada Estado procura, efectivamente, aunque no sea más que para garantizar la propia seguridad, proporcionar a su ejército armas por lo menos iguales y, de ser posible, más eficientes que aquellas de que pueda disponer un potencial adversario. Pero la utilidad militar de un arma no podría justificar su empleo si no se aviene con los principios generales del derecho y de la humanidad.

En la introducción a un estudio anterior de la Convención de las Naciones Unidas sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales de 1980 (Convención sobre las armas convencionales) el autor cita la observaci:ón del ya fallecido Sir Hersch Lauterpacht: «si el derecho internacional es, en cierto modo, el punto de fuga del derecho, el derecho de la guerra está, quizás aun más patentemente, en el punto de fuga del derecho internacional» El autor lleva más allá la afirmación de Lauterpacht y sugiere que el punto de fuga del derecho de la guerra podría encontrarse en la rama del derecho que limita el empleo de armas. Después de exponer lo anterior, el autor descubre que un colega suyo había hecho también las observaciones de Sir Hersch afirmando, además, que el punto de fuga del derecho de la guerra es el derecho de la guerra en el aire.

Ni en la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, aprobada en Ginebra el 10 de octubre de 1980, ni en los protocolos anexos a la misma se especifican, en sus partes dispositivas, los principios en los que se basan las prohibiciones y las restricciones. Pero tales principios figuran en el preámbulo de la Convención.

De los doce párrafos del preámbulo cuatro interesan aquí. Son los siguientes: el «principio general de la protección de la población civil contra los efectos de las hostilidades»; el principio según el cual «el derecho de las partes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado»; la prohibición del «empleo, en los conflictos armados, de armas, proyectiles, materiales y métodos de hacer la guerra de naturaleza tal que causen daños superfluos o sufrimientos ìnnecesarios»; y el hecho de que está prohibido «el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural».

En la Declaración de San Petersburgo de 1868, los Estados reconocieron que la finalidad de la guerra es debilitar a las fuerzas militares del enemigo, para lo cual es suficiente poner fuera de combate al mayor número posible de hombres, y que se sobrepasaría ese objetivo por el empleo de armas que agraven inútilmente los sufrimientos de los hombres fuera de combate o hagan su muerte inevitable.

Este principio se repitió en el artículo 23 (e) del Reglamento anexo al IV Convenio de La Haya de 1907 sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre. En éste se prohíbe el empleo de armas, proyectiles o materias destinadas a causar males superfluos. El texto auténtico en francés hacía alusión a «des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus», mientras que el texto inglés del mismo artículo se refería a arms, projectiles or materials calculated to cause superfluous injury».

Desde que el hombre descubrió el fuego y se dio cuenta de su posible utilización como instrumento de supervivencia y de progreso, también lo ha empleado como arma de destrucción. En El Arte de la Guerra de Sun Tsu (500 d.C), se menciona el empleo de flechas incendiarias y, en La Guerra del Peloponeso de Tucídides, se describe un arma incendiaria utilizada por los espartanos en el año 42 a.C. Edward Gibbon, en The Decline and Fall of the Roman Empire, atribuye el éxito de los romanos en Constantinopla (1453 d.C.) al «fuego griego», una composición incendiaria a base de nafta mezclada con brea y resina que se vertía en la superficie del agua. Casi cinco siglos más tarde, Inglaterra utilizó el fuego griego como arma de defensa a lo largo de sus costas para impedir la invasión de 1940.

En las guerras europeas de los siglos XVI y XVII, los ejércitos recurrían al sistema tributario obligatorio por parte de los campesinos en lugar de esperar que hubiera botín para financiar sus actividades.

Al tiempo que el décimo aniversario de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, aprobada el 10 de octubre de 1980 (en adelante: la Convención de 1980), señala el progreso realizado por este tratado en el ámbito de los límites que la norma fija a los sufrimientos causados por la guerra, hay paradójicamente un creciente número de situaciones que están fuera, al menos formalmente, de su ámbito de aplicación. Se trata de los conflictos armados de carácter no international.

En el artículo 36 del Protocolo adicional I de 1977, se estipula que:

«Cuando una Alta Parte contratante estudie, desarrolle, adquiera o adopte una nueva arma, o nuevos medios o métodos de guerra, tendrá la obligación de determinar si su empleo, en ciertas condiciones o en todas las circunstancias, estaría prohibido por el presente Protocolo o por cualquier otra norma de derecho internacional aplicable a esa Alta Parte contratante».

Dicha disposición no es una nueva norma, sino que codifica el deber de aplicar de buena fe un tratado o una costumbre, de conformidad con el derecho consuetudinario. No obstante, en el artículo 36 se ponen de relieve dos hechos: en primer lugar, que se están realizando efectivamente nuevos progresos en el ámbito de las armas y, luego, que es necesario precaverse antes de utilizarlas, para que su empleo, en ciertas condiciones o en todas las circunstancias, se avenga con las normas del derecho internacional humanitario. Aunque es verdad que los Estados que desarrollan nuevas armas tienen el deber de determinar previamente la legalidad de su uso, los demás Estados han de tener la preocupación jurídica de velar por que esto se cumpla.

Del 19 de septiembre al 1 de octubre de 1990, el presidente del CICR, Cornelio Sommaruga, visitó tres países de Asia del sudeste: Vietnam, Camboya y Tailandia.

Invitado por la Sociedad Nacional Vietnamita, el señor Sommaruga se entrevistó con el presidente del Consejo de Ministros, Do Muoi, el ministro de Relaciones Exteriores, Nguyen Co Thach y el ministro del Interior, Mai Chi Tho. El presidente del Consejo de Ministros dio su asenso de principio para la visita a detenidos de seguridad por el CICR.

El martes 16 de octubre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió invitar al CICR a participar en calidad de observador en sus sesiones y tareas. Efectivamente, la Asamblea aprobó sin votación un proyecto de resolución respaldado por 138 de los 159 Estados miembros de la ONU, otorgando al CICR el estatuto de observador.

El 30 de octubre de 1990, el representante del CICR presentó ante la Primera Comisión (Política y Seguridad) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas una declaración sobre el punto 64 del orden del día relativo a la Convención de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.

Esta declaración, la primera que ha hecho el CICR como observador, representa la contribución de la Institución a la conmemoración del décimo aniversario de la Convención.